Apreciación judicial de los hechos ante la falta de...(*)


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20/03/2010 01:12 AM |

(*): Apreciación judicial de los hechos ante la falta de contestación de demanda

La Excma. Cámara en lo Contencioso Administrativo, Sala I, integrada por los vocales Dres. Salvador Norberto Ruiz y Horacio Ricardo Castellanos, se refirió a este tema en sentencia Nº 727 del 21 de Octubre de 2009 en los autos: Juicio: "UNIÓN PERSONAL CIVIL DE LA NACIÓN (UPCN) SEC. TUCUMÁN C/ MUNICIPALIDAD DE TAFÍ DEL VALLE S/ COBRO DE PESOS". Expte. n° 74/00.

EL SEÑOR VOCAL DR. SALVADOR NORBERTO RUIZ, dijo:

A fs. 4/5 el Sindicato Unión del Personal Civil de la Nación (U.P.C.N.), Seccional Tucumán, por intermedio de letrado apoderado, ante el fuero laboral inicia demanda por cobro de Australes 48.000.000 en contra de la Municipalidad de Tafí del Valle, más actualización monetaria, intereses, gastos y costas.
Manifiesta que goza de personería gremial y que está inscripta como entidad de primer grado que agrupa a todos los trabajadores del Estado Nacional, Provincial o Municipal,  que está facultada para percibir las retenciones por afiliación mensual (cuota sindical) y también por créditos que otorgara mediante convenios con casas de comercio.
Agrega que las retenciones representan el 2% de los haberes mensuales de los afiliados y que la demandada tiene la obligación de depositar en el Banco de la Provincia, dentro de las 48 horas de efectuado el descuento, las sumas que corresponden a ese concepto.
Expresa que todas las diligencias efectuadas para el cobro del importe adeudado fueron vanas. Refiere que el 05/11/86 se presentó una nota a la Intendenta solicitando dos días para realizar trámites gremiales y que ello fue autorizado, lo que prueba el vínculo existente entre la actora y la demandada, a lo que se suman varias notas presentadas al municipio en los años 1986 y 1987 solicitando el descuento de la cuota sindical.
Señala que en el expediente nº 562.737-M-87 del Ministerio de Trabajo de la Nación, Delegación Tucumán, iniciado por el Sindicato consta que la demandada tomó conocimiento de las planillas de afiliados de UPCN y de la designación de delegados. Agrega que en 1988 y 1989 también se efectuaron gestiones tendientes a lograr el pago, pero con resultado negativo, por lo que el 27/07/90 se le remitió al municipio una carta documento bajo apercibimiento de iniciar acciones legales, sin que la misiva haya sido contestada por lo que afirma que existen elementos suficientes para demostrar la procedencia del derecho que le asiste por lo que solicita el acogimiento de la demanda.
Mediante providencia de fs. 8 se corre traslado de la demanda y por proveído de fs. 137 se la tiene por no contestada, en esa misma oportunidad se abre la causa a prueba y las partes ofrecen las que da cuenta el informe actuarial de fs. 154.
Una vez que presentaron sus alegatos, por providencia de fs. 163 se las convoca a la audiencia de conciliación que allí se indica y por Sentencia nº 380/99 se declara la incompetencia del Juzgado laboral que entendía en la causa.
En contra de esta última decisión la actora interpuso recurso de apelación, que fue denegado. Cuando se remite la causa a este Tribunal en lo Contencioso Administrativo se requiere a la Excma. Cámara Laboral que informe si se interpuso recurso de queja por apelación denegada, lo que es evacuado a fs. 197 y 198 vta. en sentido negativo. 
A fs. 199 vta. se hace conocer a las partes la radicación de la causa ante este Tribunal, por Resolución nº 604/07 se declara su competencia para entender en la misma, a fs. 246 se declara exenta a la actora de abonar la planilla fiscal practicada a fs. 229 y se llaman los autos para sentencia, providencia una vez notificada y firme deja la causa en estado para resolver.
Mediante proveído de fecha 23/10/07 se solicita a la Sra. Actuaria que informe sobre la documentación aportada en la causa, lo que es evacuado a fs. 253, luego de lo cual se hace saber a las partes que el tribunal dictará sentencia con las constancias de autos, por lo que una vez notificadas de ello y reabiertos los términos procesales la causa queda en estado de resolver.

CONSIDERANDO:

La pretensión de la actora consiste en que la demandada le abone la suma de Australes 48.000.000 que, según indica, se le adeuda por la retención de la afiliación mensual (cuota sindical) y créditos con casas de comercio del medio otorgados a sus afiliados que a su vez eran empleados municipales. Destaca que realizó numerosas gestiones extrajudiciales tendientes a satisfacer su crédito sin resultados satisfactorios.
Según surge de la copia que la parte actora adjunta a fs. 13 el período reclamado sería el comprendido entre el 05/12/85 y el 27/07/90, por lo que teniendo en cuenta ese dato temporal es que se debe analizar la legislación aplicable al caso.
Entre el 05/12/85 y el 22/04/88 la ley 22.105 (B.O.N. del 20-11-79) regulaba lo atinente a la cuota sindical y en su artículo 47 -primer y segundo párrafo- disponía: "Los empleadores actuarán como agente de retención de los importes que en concepto de cuotas o contribuciones deben abonar los trabajadores a los sindicatos con personería gremial a los que se hallen afiliados o en el supuesto previsto en el art. 45. Para que la obligación indicada sea exigible deberá mediar resolución del Ministerio de Trabajo disponiendo la retención. La resolución se adoptará a solicitud del sindicato interesado, siendo el empleador responsable del importe de las retenciones que no hubieran sido efectuadas. La entrega a la entidad peticionante deberá hacerse en la forma y dentro del plazo que determine la resolución". A su vez, el segundo párrafo del artículo 28 del Decreto reglamentario nº 640 (B.O.N 8-4-80) de esa norma, establecía: "Para la retención de cuotas o contribuciones a cargo de los afiliados, la asociación gremial deberá remitir al empleador una planilla suscripta por algún miembro del organismo directivo, individualizando el número de la resolución que autorizó la retención, con la nómina de trabajadores afiliados y el monto de las cuotas que deban retenerse. El empleador, desde el momento de la recepción de la planilla, queda obligado a efectuar dichas retenciones y a depositarlas dentro de los cinco (5) días, a la orden de la asociación gremial y en la cuenta bancaria que ésta indicare".
Desde el 23-4-88 en adelante, la cuestión está regulada por la ley 23.551 (B.O.N. del 22/04/88) cuyo artículo 38 prevé: "Los empleadores estarán obligados a actuar como "agentes de retención" de los importes que, en concepto de cuotas de afiliación u otros aportes deban tributar los trabajadores a las asociaciones sindicales de trabajadores con personería gremial. Para que la obligación indicada sea exigible, deberá mediar una resolución del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social de la Nación, disponiendo la retención. Esta resolución se adoptará a solicitud de la asociación sindical interesada. El Ministerio citado deberá pronunciarse dentro de los treinta (30) días de recibida la misma. Si así no lo hiciera, se tendrá por tácitamente dispuesta la retención. El incumplimiento por parte del empleador de la obligación de obrar como "agente de retención", o -en su caso- de efectuar en tiempo propio el pago de lo retenido, tornará a aquél en deudor directo. La mora en tal caso se producirá de pleno derecho".
Todas estas exigencias previstas en uno y otro régimen encuentran fundamento en que, en ambos casos, ya sea en la ley 22.105 (art. 1º) y/o en la 23.551 (art. 4º), estamos ante un régimen que garantiza la libertad sindical y consagra el derecho de los trabajadores a afiliarse, a no afiliarse y a desafiliarse, por lo que resultan necesarias todas las precauciones contempladas en la normativa citada para evitar que se realicen descuentos a quienes no son afiliados a un gremio y con ello reducir los ingresos de los asalariados.
 Consta que la Municipalidad de Tafí del Valle pese a estar debidamente notificada del traslado de demanda no la contestó y ello motivó el dictado de la providencia de fs. 137 que tiene por incontestada la demanda. Sin embargo por providencia del 26/11/91 se abrió la causa a prueba.
Esta última providencia es congruente con lo dispuesto por el art. 300 del C.P.C.yC. de aplicación supletoria en este fuero por así disponerlo el art. 89 del C.P.A., que regula el supuesto de incontestación de demanda donde faculta al Juez a tenerlo por conforme con los hechos que la fundamente, salvo que considerara  necesaria su justificación. En este caso el Juez apreciará el derecho.
Cuando se entiende necesaria su justificación, la única forma procesal posible es la apertura a prueba de la causa, tal como aconteció en la especie, cuando la actora ofrece las pruebas que da cuenta el informe actuarial de fs.154.
Es decir que si el actor invoca la existencia de una deuda con la demandada y esta no contesta la demanda incoada en su contra, eso no significa un reconocimiento automático de la deuda por parte de esta última sino una simple presunción de que ello es así, pues para que ello ocurra es necesario que el acreedor en este caso a lo largo del proceso aporte los elementos probatorios tendientes a acreditar ese extremo.
Al respecto la doctrina procesal enseña: "Pero la rebeldía y la falta de contestación guardan sustanciales analogías en lo que atañe a la apreciación de los hechos, ya que tanto una como otra constituyen fundamento de una presunción simple o judicial, de modo que incumbe exclusivamente al juez, en oportunidad de dictar sentencia, y atendiendo a la naturaleza del proceso y a los elementos de convicción que de él surjan, establecer si el silencio del demandado es o no susceptible de determinar el acogimiento de la pretensión deducida por el actor. De allí que, para arribar a una conclusión positiva sobre este último aspecto, la presunción desfavorable que engendra el silencio derivado de la falta de contestación a la demanda debe ser corroborada por la prueba producida por el actor y por la falta de prueba en contrario producida por el demandado, operando esta última actitud como elemento tendiente a fortalecer la fundabilidad de la pretensión" (cfr. Palacio, Lino E. "Derecho Procesal Civil", Tomo VI, pág. 170).
En idéntico sentido la jurisprudencia que comparto tiene dicho al respecto: "Resulta del caso señalar que una vez acreditado el hecho principal de la relación laboral y no contestada la demanda, las presunciones que contempla el artículo 58 del CPT no operan ministerio legis sino que compete al juicio prudencial del órgano judicial determinar si, en la especie, resultan de aplicación con arreglo al material probatorio producido en autos. En efecto del segundo párrafo de la norma ritual precitada surge claramente que la presunción de certeza de los hechos invocados y la autenticidad y recepción de los documentos acompañados con la demanda, se encuentran supeditados a la inexistencia de prueba en contrario" (Corte Suprema de Justicia de la Provincia, Sentencia nº  58  del 20/02/2008 recaída in re "López Miguel Alejandro").
Este Tribunal en reiteradas oportunidades expresó: "La falta de contestación de demanda, en lo que a la apreciación de los hechos se refiere, constituye una presunción simple o judicial que incumbe exclusivamente al Juez en oportunidad de dictar sentencia, establecer si ese silencio es o no susceptible de determinar el acogimiento de la pretensión del actor" (Sentencia nº 448 del 01/12/98 recaída en la causa "Vázquez Manuel Antonio", entre otras).
Pues bien, siguiendo esa línea de razonamiento corresponde analizar si el actor cumplió con las exigencias previstas en las leyes nacionales antes citadas para hacerse acreedor de la deuda reclamada.
De la lectura de la carta documento agregada en copia simple puede inferirse, aunque la actora no lo indique en la demanda, y como dije al inicio de los considerando que pretende el reintegro de la cuota gremial efectuado por el municipio de los haberes de sus afiliados entre el 05/12/85 y el 27/07/90 y que toda la documentación relacionada con esa deuda estaría agregada en el expediente administrativo nº 256.737-M/87 tramitado ante el Ministerio Público de Trabajo.
 A fs. 14 se agrega copia simple de una actuación de fecha 06/07/87 realizada a fin de proseguir los trámites de ese expediente en la que un Inspector del Ministerio de Trabajo entrevista al Secretario General del gremio actor, quien con relación a un acta de fs. 20 que allí se cita, expresa que la misiva demuestra que el municipio de Tafí del Valle tiene conocimiento de la existencia de los afiliados a ese sindicato debido a las comunicaciones que se le realizaron formalmente.
Agrega que la planilla que se le entrega corresponde a diecisiete afiliados mientras que las afiliaciones posteriores constan en otra comunicación.
A fs. 27, 48, 87 y 108 el sindicato adjuntó diversas copias de notas presentadas a la demandada entre septiembre de 1986 y enero de 1987, mediante las cuales solicitaba que se le efectúe el descuento de la cuota sindical al personal que indica en la nómina que adjunta.
Cabe hacer notar que en esas presentaciones no se indicó si el gremio estaba autorizado por el Ministerio de Trabajo de la Nación a hacer la retención, ni tampoco se determinó el monto que se le debía descontar a cada afiliado en concepto de cuota sindical.            
Consta que la parte demandante únicamente ofreció como prueba de sus dichos la instrumental que no fue producida y la de fs. 152 que consiste en un recorte periodístico de la época lo que, sin duda alguna, no resulta suficiente para acreditar la existencia de la deuda reclamada.
Si bien es cierto que el actor adjunta copias certificadas ante escribano público de informes producidos por el Director Provincial del Trabajo, que indicarían que se encuentra facultado para tener afiliados en las reparticiones públicas provinciales y a percibir de ellos el pago de cuota sindical, no puedo desconocer que se trata de informes producidos en procesos ajenos a este que tienen diferentes demandados, lo que me lleva a concluir que su contenido carece de validez en esta causa.             
Lo mismo cabe señalar con respecto a las copias de sentencias recaídas en casos similares a este ya que su existencia no implica que, ante la falta de pruebas, este Tribunal deba adoptar el mismo criterio que los que emitieron esos pronunciamientos.
La actora tampoco procuró lograr la remisión de las actuaciones administrativas nº 256.737-M/87, tramitadas ante el Ministerio Público de Trabajo, en las que se encontraría documentación relacionada con su reclamo tal cual lo indica en la misiva que en copia simple se adjunta a fs. 13 No se produjo la pericial contable a la que alude en su demanda ni ningún otro medio probatorio que demuestre que es acreedora que la suma pretendida. En este último sentido no puedo dejar de hacer notar que la demandante podría haber solicitado una prueba informativa al municipio para que éste informe sobre la deuda, sin embargo no lo hizo, o bien sino, solicitar una prueba anticipada en ese sentido.
Finalmente y por si cabe alguna duda acerca de la falta de respaldo documental en esta causa, consta
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en el informe actuarial que cuando la misma vino del fuero laboral fue recibida sin ninguna documentación y que no se aportó ninguna otra desde que esa diligencia fue producida (19/12/07), a lo que se agrega que ese informe motivó el dictado de la providencia de fs. 253 vta. en virtud de la cual se hizo conocer a las partes que se dictaría sentencia con las constancias de autos, lo que fue consentido por ellas pues fue notificada y se encuentra firme.           
En consecuencia, al no haber demostrado la actora por todos los medios que tenía a su alcance el cumplimiento de los requisitos exigidos por las leyes 22.105 y 23.551 para hacerse acreedora al cobro de la cuota sindical, ni tampoco la existencia de la deuda alegada, corresponde sin más trámite el rechazo de la demanda incoada por ella en contra de la Municipalidad de Tafí del Valle.
No puedo dejar de señalar, que la Sala IIIª de la Cámara del fuero en la causa "ATEP vs. Provincia de Tucumán s/ Cobro", Sentencia nº 168 del 21/05/99, efectuando el mismo razonamiento que el aquí expuesto, hizo lugar a la demanda promovida por el gremio por pago tardío de la retención de las cuotas sindicales. Sin embargo en dicho precedente, a diferencia de lo que sucede en este, la actora probó a través de informes del Centro de Cómputos de la Provincia y de una pericial contable, que la deuda existía.               
En ese último sentido se pronunció este Tribunal en la causa "STIPOS", Sentencia nº 308, del 05/06/07 en la que se rechazó un pedido de reintegro de cuotas por créditos otorgados por el gremio actor a sus afiliados, debido a que no se probó la existencia de la deuda.

COSTAS: No obstante el resultado al que se llega se imponen por su orden atento a la conducta procesal asumida por la demandada (art. 106 inc. 1° del C.P.C. y C.).            

EL SR. VOCAL DR. HORACIO RICARDO CASTELLANOS, dijo: 
 
Que estando de acuerdo con los fundamentos vertidos por el Sr. Vocal preopinante, vota en idéntico sentido.
En consecuencia y conforme lo considerado, se

RESUELVE:

I) NO HACER LUGAR a la  demanda por cobro de pesos interpuesta por el Sindicato Unión del Personal Civil de la Nación (U.P.C.N.), Seccional Tucumán, en contra de la Municipalidad de Tafí del Valle.
II) COSTAS, como se considera.



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