CAMARA CIVIL EN DOCUMENTOS Y LOCACIONES

Regulación de honorarios: demanda con beneficio de litigar sin gastos


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Artículo 39 y 40 unc. 1º de la ley 5.480. Jurisprudencia. Daño moral y dolo en el incumplimiento. Daño material.

30/11/2010 03:21 AM | La Excma. Cámara Civil Documentos y Locaciones, Sala I, integrada por los vocales Dres. Carlos E. Courtade y Ana Lucia Manca, se refirió a este tema en sentencia Nº 496 del 10 de Noviembre de 2010 en los autos: "M.A.G. C/ BANCO DEL TUCUMAN S.A. Y OTRA S/ X* DAÑOS Y PERJUICIOS"- Expte. N°11916/02

CONSIDERANDO

Que la sentencia de fecha 13/11/2009 regula honorarios a los letrados E.A.P. ($25.171,48, $2.517,14, $1.950,78), M.J.C. ($45.766,33, $4.576,63, $3.546,89), G.B.R. ($65.317,81), N.S.C. ($1.240), C.A.P. ($75.317,82, $7.093,78), S.E.H. ($141.875,63, $3.546,89, $7.093,78). A los peritos desinsaculados, C.P.N M.A.C., $26.152,19; Arquitecto D.R., $26.152,19, Ingeniero H.A.M., $26.152,19.
La codemandada C.G. apela en lo que eventualmente podría reclamarse a su parte, mediante escrito que corre a fs. 919 / 920.
Explica que en autos la actora actuó con el beneficio para litigar sin gastos y al amparo de dicho beneficio reclamó un monto excesivo y desmesurado, suma que el a-quo tomó como base regulatoria para determinar los honorarios.
Alega que existen pronunciamientos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y de la Provincia que permiten el apartamiento de la base regulatoria cuando se dan ciertas circunstancias o extremos que así lo justifiquen, en el caso:
a.- la accionante actuó con Beneficio para Litigar sin Gastos,
b.- al amparo de este beneficio, demandó cifras exorbitantes e infundadas desde lo fáctico y lo jurídico considerando que resulta injusto tomar dicha suma como base regulatoria en un juicio en que la demanda fue rechazada.
Le agravia la regulación practicada al contador C., toda vez que su pericia no fue considerada por el a-quo en la sentencia de fondo, de manera que su actuación no fue relevante resultando una prueba inconducente, por lo que entiende debería aplicarse la ley 24.432, art. 13 para fijar sus honorarios.
Arguye, en cuanto a los honorarios fijados al arquitecto R. por su informe pericial, que si bien la sentencia de fondo hizo referencia al mismo, no debe perderse de vista que el perito no acudió a la audiencia fijada para responder a las preguntas aclaratorias que se le efectuara.
Entiende que debe aplicarse el artículo 358 Procesal.
Afirma que el ingeniero M. no realizó el dictamen pericial que le fuera encomendado pues lo que hizo fue expresar que era remota la posibilidad de determinar la antigüedad del sello con la exactitud requerida, ofreciendo aplicar técnicas apropiadas al efecto, lo que no se llevó a cabo por falta de notificación.
Que el a-quo se apartó de lo dictaminado por el Colegio Profesional del perito en cuanto a la regulación de sus honorarios profesionales.
Entiende que los honorarios del ingeniero deben ser estimados en la suma de $1.000.
Solicita se revoque la sentencia recurrida en todas sus partes, con costas.
Corrido traslado de ley, respondieron a fs. 935-937, el C.P.N. C.; a fs. 939, el arquitecto R. A fs. 948-952 el letrado S.H. contesta espontáneamente los agravios vertidos por la apelante.
Traída la cuestión a estudio del Tribunal surge de las actuaciones que la parte actora inició juicio por daños y perjuicios contra el Banco del Tucumán S.A. y C.C.G.
Solicitó asimismo beneficio para Litigar sin Gastos, el que fue concedido mediante resolución de fs. 302.
La demanda fue contestada a fs. 107-116 por la codemandada y por el accionado a fs. 197-210.
La causa se abrió a prueba por cuarenta días y tanto actor como demandado y codemandado ofrecieron y produjeron pruebas.
Se dictó resolución declarando la incompetencia del fuero Civil y Comercial Común y sorteada que fuera la causa, entiende en la misma la sra. Jueza de la II Nominación de este fuero.
Los alegatos fueron agregados a fs. 713-715, de la parte actora; 717-730 demandado y 732-736, codemandado.
Se dictó sentencia en fecha 18/03/2008 rechazando la demanda por daños y perjuicios, cargando con las costas la parte actora.
Ahora bien, la recurrente impugna la base regulatoria por lo que corresponde que el Tribunal se expida sobre la misma.
De la lectura de la sentencia en crisis se desprende que la sra. jueza a-quo tomó como base la suma reclamada en la demanda, debidamente actualizada.
Al respecto, el artículo 39 de la ley 5.480 es claro y preciso en cuanto al monto que debe tenerse en cuenta para regular honorarios señalando que la base la determina el monto de la demanda actualizado, teniendo en cuenta que el vencedor tuvo que defenderse en función de la cuantía e importancia del asunto.
La finalidad de la norma es mantener incólume el contenido económico de la suma reclamada en la demanda, suma que constituye el interés que se discutió en el juicio y que no se modifica por la circunstancia de que la demanda prospere o no.
Cuando la demanda es rechazada totalmente como en el caso, se considera que el importe de la base para regular los honorarios lo determina el monto de la demanda actualizado, teniendo en cuenta que el vencedor, al margen de la sin razón final de la demanda, debió defenderse en función de la cuantía e importancia del asunto. Sin embargo, esta afirmación no es absoluta desde que se debe evitar el abuso del derecho y honorarios que resulten injustos e irrazonables.
Se consideró que la aplicación mecánica del artículo 39 inc. 1º de la L.A sin tener en cuenta las características peculiares del proceso como sería el monto exagerado reclamado en la demanda al amparo del beneficio de litigar sin gastos, conduciría a resultados disvaliosos regulando honorarios cuya magnitud no tendrían relación con los intereses efectivamente debatidos en el juicio.
La Corte Suprema de Justicia de la Nación en la causa "Brovia vs. Tata s/ Daños y Perjuicios", del 20/8/1996, sentó la siguiente jurisprudencia: "La circunstancia de haber obtenido la actora el beneficio de litigar sin gastos exigía por parte del a-quo efectuar una interpretación adecuada del artículo 40 inc. 1º de la ley 5.480 ya que al amparo de dicho beneficio la actora pudo incluir en su demanda un monto arbitrario sin enfrentar la carga fiscal que el monto demandado impone".
En este sentido se expidió la Corte Suprema de Justicia de nuestra Provincia, in re "Tejerina vs. Jorrat s/ Daños y Perjuicios" sent. nº 296 de fecha 08/05/1997, al establecer que “es necesario apartarse del desmesurado monto reclamado en la demanda y tener en cuenta el máximo que habría representado la indemnización en caso de prosperar la acción, ya que es ésta en definitiva la medida de interés sustancialmente defendido por los profesionales que asistieron a la demandada, y asimismo al real valor comprometido en el pleito”.
En este contexto, a fin de esclarecer la base para efectuar una regulación equitativa de acuerdo a los elementos con que se cuenta en la causa corresponde enfatizar que la actora no produjo pruebas que puedan considerarse pertinentes para establecer cual sería la cifra total por la cual hubiere prosperado la demanda y que pudiere servir de base a los fines regulatorios.
Del escrito de demanda surge los rubros reclamados y que son: a) daño moral $50.000, b) daño material: $ 103.798, cifra que estima como reparación por pérdida de chance o handicap c) derecho patrimonial del autor, reclama la suma de $ 18.707 conformada por $ 3.707 en concepto de honorarios profesionales pactados y $15.000, por utilización de isotipo. Esto da como resultado total la suma de $ 222.505.
Analizando el primer rubro, daño moral, diremos que en materia contractual el daño moral consiste en una “lesión en los sentimientos a raíz del sufrimiento o dolor que padece una persona, debido al incumplimiento del cocontratante”. Ahora bien, el artículo 522 del Código Civil no determina la automática indemnización del daño moral proveniente de un incumplimiento contractual.
La mentada norma es clara al respecto cuando dice: "En los casos de indemnización por responsabilidad contractual el juez podrá condenar al responsable a la reparación del agravio moral que hubiere causado...", por lo que para que proceda la reparación del daño moral debe existir necesariamente una indemnización por responsabilidad contractual previa.
Según Llambías ("Estudio de la Reforma del Código Civil", página 48), “al utilizarse los vocablos "agravio moral" en el art. 522, se reduce su procedencia al daño intencionado o proveniente del dolo del deudor”.
Según el tratadista, “para que proceda en materia contractual su reparación, el autor del incumplimiento debe haber obrado con la "maligna intención" de producir este daño” (Tratado de Derecho Civil, Obligaciones., T I, pág. 340).
Pero aún sin llegar al extremo de exigir la necesidad de tal circunstancia (dolo en el incumplimiento), doctrina y jurisprudencia han establecido que debe concurrir por lo menos una torpeza calificada del deudor y principalmente la existencia de perjuicio real y serio, para que la norma no se torne en una fuente de reclamos abusivos. Así, la Sala 2da. de la Cámara Civil y Com. Com. de este Centro Judicial, en sentencia n° 316 de fecha 19/11/1992 recaída en la causa "DURBA DE GOMEZ OMIL, MILAGRO ISABEL Vs. JOSE LUIS GIANOTTI Y OTRO S/ Cob. de Pesos y Daños y Perjuicios", dijo que "... Numerosos fallos nacionales han señalado la diferencia que emerge entre los artículos 522 y 1.078 del Código Civil ya que mientras la reparación de daño moral es ineludible al autor del hecho ilícito, en materia contractual debe ser considerado con rigor y es a cargo del demandante la prueba concreta, que no debe consistir solamente en el incumplimiento de las obligaciones contractuales” (CNCiv., Sala a, ED, T.88, N°:32; Sala E, ED, T. 84-4904; Sala B, ídem, causa 43.161)...." y también que "... En tal sentido, Ramirez cita la siguiente jurisprudencia "El daño moral por incumplimiento contractual no se tipifica por cualquier inquietud, preocupación o perturbación del ánimo, sino ante la clara demostración de la existencia de una lesión de sentimientos o afecciones legítimas” (Indemnización de Daños y Perjuicios", Tomo 3-B, pág.191, n°:60). A más ello, debe tenerse en cuenta que la acción sólo corresponde al damnificado directo. Es decir que para la procedencia debe probarse claramente la existencia de una lesión de sentimientos o afecciones legítimas por parte de quien lo reclama...", Sentencia n° 328 de fecha 23/11/1992, "GIOBELLINA, JOSE ANTONIO Vs. LORENZ, RODOLFO S/ CUMPLIMIENTO DE CONTRATO".
En el caso "RIVAROLA, FRANCISCO ANDRES C/ CASTILLO S.A.C.I.F.I.A. S/ COBRO (ORDINARIO)", Sent. N° 675 del 17 / 10 / 05, esta Sala expresó que “en materia contractual el daño moral no se configura como cualquier molestia que resulte del incumplimiento y que no debe confundirse con las inquietudes o álea propias del mundo de los negocios”.
Como dijéramos en ese voto, “para que exista daño moral en materia de responsabilidad contractual es necesario que se haya turbado seriamente la moral, el honor, la libertad o los afectos del acreedor, o su integridad física, de modo tal que el incumplimiento haya producido una lesión en los sentimientos a causa del sufrimiento o del dolor que se le ha producido al cocontratante” (Cfme. Salas - Trigo Represas "Código Civil Anotado", t.3, pág. 808 y jurisprudencia que citan).
Por tanto, para que se configure el resarcimiento por daño moral resulta necesario que el perjuicio causado por la pérdida de la chance tuviera una verdadera repercusión espiritual, ya que ella no constituye un medio para aumentar la indemnización del daño económico sino un remedio excepcional a que recurre el orden jurídico para compensar el detrimento espiritual sufrido por el lesionado.
Y es evidente que ello no fue probado en la causa. En este contexto, estimar el valor del daño moral en la suma de $50.000 resulta inaceptable si se pretende resarcir con este monto un perjuicio que no logró acreditarse en la causa.
En consecuencia, en el marco de los principios generales enunciados para la evaluación del daño moral en materia contractual, se concluye que en el presente caso, no ameritaría reparación patrimonial alguna.
En lo concerniente al rubro daño material estima como reparación por pérdida de chance o handicap la suma de $103.798 suma que determina luego de realizar un desarrollo argumental sin sustento alguno. Sin embargo, la prueba pericial contable que corre agregada a fs. 501-502 señala como importe de lo que podría denominarse "Pérdida de chance o handicap", al decir del contador C., la suma de $42.260.
Señala que los honorarios profesionales fueron pactados en la suma de $3.707. De constancias de estos actuados surge copia del Presupuesto donde detalla los rubros y monto del proyecto de la construcción y la organización total de la obra, incluyendo honorarios en la suma de $3.707. Este es el único instrumento que hace referencia al monto aludido del cual no se desprende que haya existido acuerdo con la institución demandada, que sin embargo receptó el proyecto.
En cuanto al monto reclamado por la utilización de hisotipo, que asciende a $15.000; no se advierte que haya producido prueba alguna que avale el pretendido valor de plaza ni la existencia de negocios bancarios promocionados con la presunta folletería.
Como colofón, en el marco del fallo nº 296 de la Corte Suprema de Justicia de la Provincia in re: "Tejerina vs.Jorrat s/ Daños y Perjuicios", que consideramos aplicable al caso, concluímos que la medida real del interés defendido es la de $45.967, cifra que resulta de lo dictaminado por el perito contador a fs. 501-502, $42.260 y $3.707 en concepto de honorarios por el proyecto realizado por la actora. Sobre la suma referida se debieron regular los honorarios a los profesionales intervinientes.
Por tanto, el Tribunal procede a efectuar los cálculos pertinentes aplicando los porcentuales fijados por la sra. jueza a -quo los que no fueron impugnados en lo concerniente a los letrados que actuaron por las partes.
Base regulatoria: se partirá de la suma de $45.967. A dicho monto se agregará los intereses calculados en base a la Tasa Pasiva que publica el B.C.R.A en el período comprendido entre el 06 / 02 / 1996 (fecha de inicio de demanda) al 07 / 10 / 2009, fecha de actualización efectuada por la sra. jueza a-quo en el auto impugnado = 193,84%
Agregado el porcentaje indicado se obtiene el monto de $135.069,43 que se determina como base regulatoria.
Regulaciones: se aplicarán los porcentuales fijados por la sra. jueza a-quo por considerar que son ajustados a derecho conforme la labor efectivamente cumplida por los profesionales que intervinieron en la causa, teniendo en cuenta el carácter en que los letrados desarrollaron su labor juridíca, a lo que se suma que no fueron cuestionados.
En lo atinente a los profesionales que tuvieron intervención sucesiva por la parte demandada, Banco del Tucumán S.A; si bien la a-.quo no especificó qué porcentaje aplicó a cada uno, efectuando las operaciones pertinentes y de acuerdo a la labor desarrollada por cada profesional, se desprende de la lectura de la sentencia que fijó los honorarios a la letrada C. en el valor de una consulta escrita vigente a la fecha del auto impugnado, sumados los procuratorios.
Se restará el valor de $1.240 al resultado obtenido de aplicar el 14% de la escala del art. 38, sumados los procuratorios. Así tenemos : $135.069,43 x 14% (art. 38) = 18.910 x+ 55% (art. 59) = $29.310 - $1.240 (valor de una consulta escrita asignados a la letrada C.) = $28.070.
Sobre este resultado se calcularán los honorarios de los letrados restantes, en un 46% y el 54%.
Igual base regulatoria se aplicará a los honorarios que se regulen a los peritos desinsaculados en la causa respetando el 4% fijado por la sra. jueza a-quo por considerar porcentaje adecuado a la labor pericial cumplidoa por estos profesionales.
Por ello, esta Sala I de la Cámara Civil Documentos y Locaciones

RESUELVE:

I) HACER LUGAR al recurso de apelación interpuesto por la parte co- demandada C.C.G. contra la sentencia de fecha 13 de noviembre de 2009, modificando la base para el cálculo de honorarios, que se establece en $135.069,43 y en consecuencia recalcular los honorarios fijados en el fallo apelado.
II) MODIFICAR LOS HONORARIOS regulados por actuaciones cumplidas en el proceso principal, los que se fijan a los letrados: M.J.C. (patrocinante actora) en la suma de $9.455 (PESOS NUEVE MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CINCO); E.A.P.C. (apoderado parte actora), en la suma de $5.200 (PESOS CINCO MIL DOSCIENTOS); G.B.R.F. (doble carácter - parte demandada), en la suma de $12.912 (PESOS DOCE MIL NOVECIENTOS DOCE); N.C.(doble carácter - demandada), en la suma de $1.240 (PESOS UN MIL DOSCIENTOS CUARENTA); C.A.P.F. (doble carácter parte demandada), en la suma de $15.158 (PESOS QUINCE MIL CIENTO CINCUENTA Y OCHO); S.E.H. (doble carácter - codemandada C.G.), en la suma de $29.310 (PESOS VEINTINUEVE MIL TRESCIENTOS DIEZ).
III) MODIFICAR LOS HONORARIOS regulados por actuaciones cumplidas en el incidente resuelto a fs. 421-422 a los letrados: M.J.C. (patrocinante parte actora) en la suma de $946 (PESOS NOVECIENTOS CUARENTA Y SEIS), E.A.P.C. (apoderado parte actora), en la suma de $520 (PESOS QUINIENTOS VEINTE); S.E.H. (doble carácter codemandada) en la suma de $723 (PESOS SETECIENTOS VEINTITRES).
IV) MODIFICAR LOS HONORARIOS regulados por actuaciones cumplidas en el incidente resuelto a fs. 582-583 a los letrados M.J.C., en la suma de $946 (PESOS NOVECIENTOS CUARENTA Y SEIS); E.A.P. (apoderado del actor) en la suma de $520 (PESOS QUINIENTOS VEINTE); S.E.H. (doble carácter codemandada) en la suma de $723 (PESOS SETECIENTOS VEINTITRES).
V) MODIFICAR LOS HONORARIOS regulados de los peritos desinsaculados en autos, C.P.N M.A.C. en la suma de $5.403 (PESOS CINCO MIL CUATROCIENTOS TRES), Arquitecto D.R., en la suma de $5.403 (PESOS CINCO MIL CIATROCIENTOS TRES), Ingeniero H.M., en la suma de $5.403 (PESOS CINCO MIL CUATROCIENTOS TRES).
VI) COSTAS: las de esta instancia se imponen por el orden causado atento al resultado del recurso.
VII) RESERVAR honorarios para su oportunidad.



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