Opinión

Domingo 15 de Julio de 2007
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UN CUARTO DE AMBIENTE

La performance de la Secretaria de Medio Ambiente de la Nación se incluye entre las más criticadas de los últimos tiempos.

Hay un espantoso refrán de la cotidianeidad argentina que instituye la idea del “roban pero hacen”. Se presupone que décadas de corrupción instalada, acompañada por una no menos cruel ineficiencia, han instalado la noción de que, si bien parece imposible que quien pase por la función pública no se haga rico, al menos que deje algo que la gente pueda valorar.
No hay que olvidar que la tremenda claudicación social que implica dar por sentado que quien nos representa obligatoriamente va a llevarse lo que no le pertenece, se recorta sobre un paisaje cristalizado: no por casualidad, ni por imperio de lo ocurrido en los últimos lustros, la Argentina se encuentra peleando el descenso en el ranking de países según el grado de corrupción estructural que expresan. En rigor, la Argentina ocupa el puesto 93 entre 163 países, teniendo por encima -es decir, con prácticas del Estado menos opacas y venales- a naciones de menor desarrollo económico, social y educativo como Panamá o Jamaica.
De ahí la gravedad que destilan las denuncias contra la secretaria de Medio Ambiente, Romina Picolotti, y las sospechas que se derivan del increíble hallazgo de una bolsa con sesenta mil dólares en un armario del baño privado del despacho de la ministra de Economía, Felisa Miceli.
De los dos episodios, el que más indignación provocó es del de la secretaria de Medio Ambiente, originariamente una suerte de “esperanza verde”: su procedencia desde un ámbito académico y no gubernamental, su presunta adhesión a la causa de la gente de Gualeguaychú para detener a Botnia y su supuesta falta de contaminación con los manejos y ambages de la política internista le otorgaban una cucarda especial y una expectativa superior a la de cualquier funcionario devenido del dedo de algún colega.
Por eso mismo, la decepción es más grande.
“Le hizo un daño institucional enorme al mundo de las organizaciones no gubernamentales”, indicó, más con dolor que con indignación, el constitucionalista Daniel Sabsay, director de la Fundación Ambiente y Recursos Naturales y, en su momento, sugerido por este mismo gobierno para ocupar el sitio en que luego se aposentó Picolotti.

Inservible contraataque

En una defensa matizada con injustificables ataques al periodista que brindó la información acerca de las supuestas irregularidades de la gestión en Medio Ambiente, el jefe de gabinete justificó en la ímproba tarea que debía realizarse la contratación de una cantidad de profesionales para sumar a una cantidad similar con la que ya contaba la Secretaría al momento de asumir Picolotti. La infinidad de denuncias y descripciones hechas desde el interior del organismo ambiental desmienten esa hipótesis. Más bien, hablan de que se dejó de lado (echándolos, otorgándoles vacaciones forzadas o derivándolos a destinos estrambóticos) a profesionales probados y con sus cargos obtenidos por concurso, para ser reemplazados por la nutrida convocatoria a ignotos realizada por Picolotti. Cabría preguntarse, a la luz de la tácita evaluación negativa hecha por Picolotti de los profesionales que encontró al llegar a la Secretaría de Medio Ambiente, para qué sirve el escalafón y la carrera administrativa dentro de la Administración Pública Nacional si un funcionario político puede llegar y reemplazar a todo aquel que tiene diez o quince años de carrera en el Estado por otro que recibe un contrato sin ninguna evaluación previa, gana más dinero y realiza una tarea por la que -ante un eventual fracaso- no paga con su cargo.
Pero volviendo al refrán barrial del principio, todo podría relativizarse si la gestión de Picolotti -dados sus logros- hubiera demostrado que era necesario duplicar la planta de personal que encontró al llegar.
Las evaluaciones de los expertos, incluyendo a la Universidad de Buenos Aires que auditó con resultado negativo el plan de saneamiento del Riachuelo propuesto por Picolotti, es que la gestión ambiental no tiene los éxitos que corresponderían a una Secretaría con 700 agentes.
Y así como el jefe de Gabinete desacreditó las denuncias periodísticas por provenir, supuestamente de una operación de prensa con fines políticos, resulta un tanto más complicado atribuir a un inmenso complot la unánime y calificada opinión respecto de los pobres -o nulos- resultados obtenidos en el ámbito ambiental en el último año.
De hecho, Picolotti, quien llegó con la supuesta solución al conflicto de las papeleras bajo el brazo, fue desplazada de la negociación e incluso de la elaboración de estrategias, tras el fracaso de su incursión para intentar detener el financiamiento del Banco Mundial para Botnia.

Preocupante silencio

Además, la Argentina ostenta hoy el dramático record de ser el país del mundo con más alta tasa de deforestación de bosques nativos, y no se oye a Picolotti tronar para que los senadores se dignen a tratar la ley que tienen cajoneada.
Y del plan para limpiar el Riachuelo, ya hablaron la Corte Suprema de Justicia, todas las ONG con conocimientos en el tema y la Universidad de Buenos Aires a través del dictamen de dieciocho académicos.
Esto por no hablar de la impunidad de las empresas mineras, el festival de pesticidas que se aplica sobre la soja o el futuro de la energía, tópicos acerca de los cuales la Secretaría de Medio Ambiente de la Nación, insólitamente, no tiene nada para decir.
No es que la corrupción sea menos grave que la eficiencia. Es que resulta doblemente hiriente y ofensivo que se invoquen tareas ciclópeas para justificar gastos que después nadie rinde.
Un colega nada habituado a los pasillos del medio ambiente sostenía con estupor en estos días poco felices para Picolotti: “Es notable cómo en un momento en que el tema ambiental está en la agenda política y social, nadie, ni del ámbito académico ni del sector de la sociedad civil, haya salido a respaldar a la secretaria de Medio Ambiente”. Y ese es un dato que el gobierno debiera anotar.
La realidad del medio ambiente en la Argentina, con la impunidad que expresan todos sus ríos contaminados y utilizados como caño de desagote, no admite más que medidas de emergencia para atender la urgencia. Y para atender la urgencia no es necesario un avión privado. Alcanza con la idoneidad y la buena fe.

(*) Coordinador Editor

 

Por Sergio Federovisky
Domingo 15 de Julio de 2007
Sección: Opinión

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COLUMNA DE OPINIÓN CUANDO EL AGUA DE CONSUMO HUMANO DEJA DE SER CONFIABLE Si alguien hubiese imaginado en algún momento, que el agua de la ciudad de Concepción, permanente orgullo de su gente y reconocida por quienes la visitan, iba a ser algún día motivo de análisis judicial, hubiéramos pensado que solo se trataba de un sueño, pero la realidad hoy, nos dice lo contrario. Todo comenzó desde aquel momento en que vecinos de Concepción, en forma conjunta con la Federación Ambientalista de Tucumán, hicieron extraer muestras de agua de 10 pozos de distintos puntos de la ciudad, por técnicos de la Comisión Nacional de Energía Atómica, que habían venido especialmente para realizar dicha tarea, y los cuales, según informe de fecha 11/09/06, detectaron en uno de los pozos ( plaza Abel Peirano) un 160% más de mercurio que lo que estipula el Código Alimentario Nacional, para el agua de consumo humano, a la vez de detectar también, cobalto y estroncio en altas concentraciones, en todos los pozos analizados. A partir de ese momento, numerosos vecinos nos pusimos de pié ante la grave amenaza que constituye este tipo de contaminación sobre todo para los niños y las embarazadas, los más perjudicados por esta situación. Es así que, faltos de respuestas en lo que hace a medidas de prevención para la salud, que se evidenciaron en cada reunión que mantuvimos, tanto sea con el área de Educación, cuando exigíamos agua mineral en las escuelas, o con Medio Ambiente, Salud y la Municipalidad de Concepción, nos llevaron a la imperiosa necesidad de buscar resguardo en la Justicia. A partir de la presentación en la Cámara en lo Contencioso Administrativo de un Amparo impulsado por 50 vecinos de la ciudad de Concepción, acompañados por la Fundación Ambientalista “LUX” y patrocinados por el Dr. Oscar López, salieron a la luz, pruebas irrefutables que responsabilizan a la empresa prestataria del servicio de agua, SAT, sobre la presencia del mercurio en el agua de Concepción. El accionar de la Sala II del Excelentísimo Tribunal, llevó a los distintos organismos del Estado a aportar documentación que tiene que ver con la cuestión planteada, por ello es que supimos que ya en el mes de Enero de 2007, y por análisis practicados por el ERSACT al hipoclorito de sodio empleado para la “potabilización” del agua en nuestra ciudad, el mismo se encontraba altamente contaminado con mercurio. Una situación dolorosa y preocupante por cierto, toda vez que se debe tener en cuenta que la contaminación proviene de la misma empresa que brinda el servicio. El gobierno, sin importarle la salud de miles de concepcionenses, ocultó tales evidencias y en un afán de proteger a la SAT, no hizo otra cosa que entorpecer nuestra investigación y dudar de organismos de la jerarquía de la CNEA y el laboratorio londinense Sutton and East Surrey Water que, a fines de diciembre de 2006 había detectado una concentración aún mayor de mercurio. Gran responsabilidad le cabe en este sentido a quién encabeza el Sistema Provincial de Salud, el Dr. Juan Manzur como así también a la Dra. Alicia Jordán, Directora de Salud Ambiental, ya que esta última, conocía desde fecha 15/02/07, que la SAT usaba un hipoclorito de sodio contaminado con mercurio (lavandina para el entendimiento de todos), y no tomó ningún recaudo, ni siquiera el del decomiso del químico contaminado, que era algo imprescindible a fin de resguardar la salud y la vida de más de 70.000 habitantes de esta “Perla del Sur” que, día a día, y ante el abandono del estado en la prevención para la salud, va perdiendo su natural brillo. Hoy, y como una suerte de pretender enmendar la irresponsabilidad de no haber cerrado en forma inmediata el pozo contaminado, se está llevando a cabo un control epidemiológico a niños de distintos puntos de la ciudad de Concepción, con el objeto de determinar la presencia de mercurio en su organismo. Nos preguntamos: ¿La información de los datos que surjan de ese control epidemiológico, tendrán el mismo tratamiento que tuvieron los que surgieron del hipoclorito de sodio contaminado con mercurio? ¿Puede el pueblo de Concepción confiar en funcionarios que alguna vez mintieron u ocultaron la verdad? Resulta lamentable también la actitud asumida por el Sr. Gobernador, que fue capaz de solidarizarse con los ciudadanos de Gualeguaychú por una posible contaminación, pero ignorar a quienes ya la vivimos, y que nos encontramos a tan solo 70 km. de distancia de donde él se encuentra, y que, si se tiene en cuenta además su silencio, ante hechos de tamaña gravedad como es la contaminación a sabiendas de una empresa mayoritariamente del Estado, su proceder no genera otra cosa que una total impunidad en quienes tienen la obligación de brindar un servicio tal cual lo cobran, ya que es de suponer, que si se siguió o se sigue empleando en el resto de las ciudades y comunas de la provincia de Tucumán, el mismo hipoclorito que usaron en Concepción la provincia toda está contaminada. De igual modo, y como si este obrar irresponsable e insensible por parte del gobierno, respondiera a una normal metodología de acción por parte del mismo, minimizan también con un silencio inaceptable, el enterramiento del lodo mineral (con 19 metales pesados) en márgenes del dique de “Villa Lola”. Lo hacen, aún sabiendo que el mismo contamina el medio ambiente, pone en serio riesgo a los pobladores de Alpachiri (el lodo minero esta enterrado a tan solo 10 mts. de la toma de agua potable de ese pueblo) y contamina también las napas subterráneas que llegan a Concepción, razón por la cual, tenemos que sufrir hoy la presencia de Cobalto y Estroncio en nuestro “vital elemento”. Estas dos situaciones puntuales, el total esclarecimiento en torno a la contaminación del agua por la presencia de Mercurio, Cobalto y Estroncio y el inmediato retiro del lodo minero depositándolo judicialmente en contenedores que sugiera la CNEA, motivan las cautelares solicitadas a la Justicia. Nos resta esperar su resolución, con la esperanza de todo aquel que solo confía en ella. EDUARDO CARRIZO C.P.A. de Tucumán - COMISIÓN DE PADRES DE ALUMNOS DE TUCUMÁN Vecino de la ciudad de Concepción
eduardo carrizo | 15 de Julio de 2007 02:41

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