Es usual cómo un hecho policial tremendo y brutal como el triple crimen de Los Pizarro ocurrido hace un mes atrás, tiene derivaciones que van más allá de la noticia policial. La primera de ellas fue el pedido de juicio político a los camaristas de la Sala II de Concepción, quienes le dieron un permiso de salida a Jorge Orlando Vera, que lo utilizó para ejecutar a su mujer y a sus dos hijos.
Si llega a prosperar el pedido de destitución contra Diego Vital Graneros, Carlos Meschwitz y Jesús Pellegri, los tres magistrados se convertirán en chivos expiatorios de un sistema que no funciona y que no tiene señales de ser arreglado o cambiado.
El comportamiento de las personas mientras cumplen sus condenas está regulado por la ley nacional 24.660, conocida como de “Ejecución de Sentencia”. Contempla todos los aspectos del trato al recluso durante su alojamiento en una cárcel; también prevé asistencia cuando sale del penal y la protección a su familia.
Para que esa norma se cumpla, se creó la figura del juez de Ejecución de Sentencia. Tucumán tenía previsto designar a un magistrado para la Capital y otro para Concepción, pero no se hizo.
Actualmente, los encargados de vigilar a los internos son los mismos camaristas que los condenaron. Paradójicamente, si el convicto tiene un inconveniente, debe recurrir a aquellos que le impusieron la pérdida de su libertad.
Pero la provincia está en mora. Todavía no se plasmó la designación de los magistrados para ocupar ese rol. La cuestión presupuestaria no debería ser problema, teniendo en cuenta los peligros que se evitarían o que pudieron impedirse.
En consecuencia, los camaristas están sobrecargados con el trabajo previo a los juicios orales (decisiones sobre pedidos de las partes, producción de pruebas, notificaciones, entre otros). También deben controlar a los reclusos.
Es ingenuo pensar que un juez específico haya evitado esta matanza. Seguramente, Vera habría planificado la ejecución de este hecho. Pero es indudable que un funcionario con una tarea puntual habría revisado dos veces las solicitudes de un hombre condenado por violar a sus hijas.
La sensación que prima es que los jueces de la Sala II podrían ser reemplazados, pero será puro maquillaje: el sistema judicial seguirá igual: colapsado, con pocos recursos humanos eficientes y con esfuerzos desperdigados. Se cambiará algo, pero nada en el fondo va a cambiar.


(*) Jefe de Policiales