La investigación por la explosión de la fábrica de pirotecnia Piroart SRL, que le costó la vida al operario Juan Toledo, se activó luego de que la querella, representada por el abogado Pablo Rivera, solicitara que los socios de la firma sean citados a declarar en calidad de imputados.
"No se cumplió con las normas de seguridad. Violaron toda la legislación al respecto", señaló Rivera, quien agregó que también se solicitó que los empleados que estuvieron presentes el día del siniestro sean llamados a prestar declaración en calidad de testigo.
En diálogo con EL SIGLO el letrado señaló que no se descarta pedir al RENAR (Registro Nacional de Armas) la identidad del funcionario que autorizó el funcionamiento del local, ubicado en el kilómetro 7 de la ruta 305, en la zona de El Colmenar.
Desde la querella se manifestó que las mezclas de pólvora para elaborar bombas de estruendo se realizaban con una máquina de fabricación casera, supuestamente confeccionada por uno de los propietarios.
"Hubo un incumplimiento de sus deberes como funcionario", indicó Rivera en los Tribunales de avenida Sarmiento al 400, donde efectuó la presentación.
El abogado indicó que en el lugar se trabajaba en una situación de total precariedad. "Tendrían que haber tomado las precauciones del caso. Los propietarios sabían que se estaba trabajando con elementos altamente peligrosos", explicó Rivera, quien confirmó que se solicitó la intervención del Ministerio de Trabajo de la Nación para que se investiguen las condiciones en que los operarios realizaban su labor.

Cambio de carátula

Fuentes judiciales consultadas por este medio indicaron que no se descarta un nuevo cambio de carátula en la causa. En principio, la investigación se inició como "muerte dudosa", y posteriormente fue modificada por la de "muerte en accidente de trabajo". La querella pretende que sea recaratulado como "homicidio".
Toledo falleció en la mañana del lunes 23 de julio, cuando la peligrosa mezcla que manipulaba se detonó de repente, por motivos que son investigados.