... deterioro de la imagen de la Primera Dama.

BUENOS AIRES.- Desde todos los rincones opositores apuntan los dardos contra la Primera Dama y aspirante a reemplazar a su esposo, Néstor Kirchner, en la Casa Rosada, a tal punto que podrían obligar a Cristina Fernández a ocuparse más de su defensa y modificar el tono de su campaña proselitista.

Validez del título

La validez, o no, del título de abogada de la candidata presidencial del Gobierno, Cristina Fernández de Kirchner será investigada por el juez federal Norberto Oyarbide, según revelaron fuentes tribunalicias.
Pese a que un comunicado de la Universidad Nacional de la Plata aseguró ayer que ella se graduó allí en 1979, el abogado y presidente de la ONG Defensa Ciudadana, Sergio Bergenfeld, y el periodista Cris-   thian Sanz, quien realizó una investigación sobre el tema, igual hicieron la presentación.
"El único supuesto documento sobre el tema es una ficha de la tramitación del título, que tiene borroneados los números y se nota que han sobrescrito la fecha de nacimiento y matrícula de ella", dijo Sanz.
El periodista añadió que "sólo encontramos datos de que cursó hasta tercer año en la Facultad de Derecho, pero no hay alumnos ni profesores que aseguren que se recibió de abogada. Tampoco está matriculada en ningún colegio de abogados del país, ni siquiera en la provincia de Santa Cruz".
Por su parte, el abogado Bergenfeld indicó que Fernández de Kirchner supuestamente "presentó un curriculum al asumir como senadora en el que asegura que es abogada y si eso no es así, podría haber incurrido en doble delito: 'usurpación de títulos y honores' y 'adulteración de instrumento público'". El Código Penal sanciona el primero de esos delitos con una multa mientras que el segundo, en los artículos 292 y 298 prevé uno a seis años de prisión e inhabilitación absoluta para ejercer cargos públicos por el doble de tiempo de la condena.
La candidata oficial y Primera Dama, además acumuló otras denuncias en los últimos días.

Malversación de fondos

A la investigación por usurpación de título, se le sumó ayer otra en la Justicia Federal y en la Electoral por la supuesta "malversación de fondos públicos" que presuntamente cometió en sus gastos de campaña proselitista.
Fuentes judiciales informaron a una agencia de noticias que la denuncia fue presentada por el postulante a senador nacional por UNA en la Capital Federal, Ricardo Gil Lavedra, junto a los juristas Andrés D'Alessio y Julio Strassera, quienes compartieron la Cámara Federal que en 1985 condenó a las Juntas Militares.
Las denuncia recayó en el Juzgado Federal 7, que hasta días atrás estaba en manos de Guillermo Montenegro, quien renunció para dedicarse al futuro gobierno de Mauricio Macri en la ciudad de Buenos Aires, y en el Juzgado Federal a cargo de María Servini de Cubría.
La presentación demandó a los jueces que investiguen si la candidata oficial incurrió en un uso irregular de fondos públicos, e infracciones al Código Electoral y a la ley de financiamiento de los partidos políticos.
En el escrito, los demandantes le pidieron al juez federal "que establezca la veracidad" de los hechos denunciados, "que podrían configurar los delitos de malversación de caudales públicos, peculado, peculado de trabajos o servicios, y/o dádivas, o bien que afirme que esos sucesos no constituyen delito alguno o que las normas penales mencionadas no se encuentran en vigencia en la República Argentina".

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Gil Lavedra, D'Alessio y Strassera también solicitaron la intervención de Servini de Cubría a raíz, según ellos, de que "el presidente Néstor Kirchner, en forma reiterada, ha solicitado el apoyo a la candidatura de la senadora Cristina Fernández, induciendo al voto, en abierta violación al artículo 64 quater del Código Electoral Nacional".
Los abogados precisaron que "la norma establece que en época de campaña, la publicidad de los actos de gobierno no podrá contener elementos que promuevan la captación del sufragio a favor de ningún candidato".
Con esta denuncia reclamaron el "esclarecimiento" de informaciones publicadas en diarios y revistas y apuntaron a "la actitud proselitista del Presidente, que a cada acto oficial que concurre lleva a su esposa y pide al público que la voten".