La macrorregión norte de la Argentina (NOA y NEA), como se sabe, es uno de los espacios geográficos que más ha experimentado la transformación productiva en nuestro país durante los últimos años. En el área mencionada se localiza buena parte de lo que conocemos como frontera agropecuaria.
Las diversas y novedosas oportunidades para amalgamar productividad y negocios con preservación del ambiente constituyen el gran desafío que enfrentan productores rurales, industriales y gobiernos.
De la capacidad, responsabilidad y seriedad de los tres estamentos señalados dependerá el futuro de la región: Estancamiento y marginalidad, o progreso e incorporación al mundo moderno.
Una mirada a la situación actual del campo en la región nos indica que el NOA  produce, además del azúcar y limón y sus derivados; más de dos millones de toneladas de soja, un millón de maíz y se exporta a otras zonas del país un millón de terneros.
En sentido contrario, se importan anualmente más de 200 millones de pesos en carne vacuna. Aproximadamente un 40 por ciento de ello, en Tucumán.
En consecuencia, una política ambiental racional y eficiente redundará en el corrimiento de la frontera agrícola y la posibilidad de integración, por ejemplo, de la actividad ganadera, asociada a otros negocios como los biocombustibles, que nos hablan de un potencial de crecimiento de la ganadería en la región.
Es en ese escenario, y con las perspectivas señaladas, los directivos de 15 ingenios azucareros y 7 empresas citrícolas firmaron el jueves último un acuerdo con la secretaria de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación, Romina Picolotti, y con el gobernador de la provincia, José Alperovich.
Según el convenio, los empresarios tienen 24 meses para hacer las inversiones -por alrededor de 156 millones de pesos- que les permitan dejar de arrojar vinaza y cachaza en la cuenca.
Este pequeño paso inicial, que no contempla mecanismos para enfrentar otro tipo de degradación ambiental, ni el resarcimiento por el daño ya producido al ambiente y a las personas, marca de todos modos una línea de intención -por lo menos desde el Estado nacional- que deberá acercarnos a una convivencia armónica entre dos conceptos vitales, que no deben ser antagónicos: productividad competitiva y sustentabilidad ambiental.
La historia de las industrias en la región nos dice que ante una tradición de impunidad y desinterés por la situación del ecosistema -que se manifiesta en contaminación y envenenamiento de las napas acuíferas, en polución producida por el humo de las chimeneas y la quema de cañaverales o en la tala indiscriminada de bosques; que afectan la salud y la calidad de vida de decenas de miles de pobladores de la zona-, los controles deberán ser sumamente estrictos.
Además, teniendo en cuenta las facilidades que se le ofrecen a los industriales -en tiempo y en créditos blandos- para incorporarse a los sistemas de "producción limpia", las sanciones a los transgresores deberán ser severas e impiadosas. Se debe terminar de una vez y para siempre con las prácticas extorsivas que permutan fuentes de trabajo por impunidad fiscal y ambiental.
Alguien debe garantizar la implementación de programas de progresividad que prevean objetivos ambientales como el tratamiento de los efluentes líquidos, sólidos y gaseosos que emanan de las fábricas.
En ese sentido, se supo que los últimos resultados de las muestras de agua extraídas por peritos de la División de Medio Ambiente de la Gendarmería Nacional, en 11 ingenios azucareros develaron que, en general, exceden largamente los valores de contaminación estipulados por la resolución 963/99 de la Secretaría de Ambiente de la Nación y por la resolución 1265/2003 del Sistema Provincial de Salud.
Cabe recordar que existe un expediente judicial iniciado a raíz de una denuncia que realizó el Gobierno de Santiago del Estero para que se investigue a los responsables del desastre ambiental que generan las empresas tucumanas en los cauces de agua de la cuenca Salí-Dulce.
Atento a ello, la Justicia Federal libró un oficio al secretario de Medio Ambiente de la provincia, Alfredo Montalbán, en el que se le solicita que informe si los ingenios involucrados ya formalizaron o presentaron "un plan integrado de recomposición ambiental con objetivos a lograrse en forma gradual", tal como se había acordado antes del inicio de la presente zafra. Además, Picolotti anunció que hará controles bimestrales y advirtió sobre la severidad de los mismos.

“A ponerse las pilas”

La sustentabilidad económica, ambiental y social sólo se logrará con la toma de una decisión política largamente postergada por las autoridades locales en el sentido de ser inflexibles con los transgresores en materia de contaminación, desmontes ilegales, evasión impositiva o trabajo en negro; ya que al no ser sancionados, se benefician porque obtienen ventajas competitivas que surgen de la misma trasgresión.


* Redacción El Siglo