... desde la oposición.

Las críticas y advertencias del empresariado tucumano parecen estériles ante la decisión política del Poder Ejecutivo de avanzar con un paquete de medidas tendientes a castigar con fuertes multas y gravámenes impositivos a quienes posean empleados sin registrarlos como manda la ley.
En su edición de ayer, EL SIGLO publicó las reacciones de referentes de la Unión Industrial, la Sociedad Rural y la Federación Económica, quienes advirtieron, entre otras cosas, que este tipo de medidas podrían generar un impacto negativo en las pequeñas y medianas empresas, además de alejar la posibilidad de nuevas inversiones para la provincia.
En tanto, el gobernador José Alperovich ayer decidió doblar la apuesta en la pulseada que mantiene con el empresariado, al adelantar algunos detalles de la iniciativa que enviará la próxima semana a la Legislatura y que tiene como objetivo combatir la informalidad laboral en la provincia.
“La ley va a consistir en lo siguiente: por cada empleado en negro, la multa que va a tener que pagar la empresa es, aproximadamente, de 20 mil pesos; o sea, que si son 20 empleados en negro son 400 mil pesos”, puntualizó el Mandatario, en diálogo con la prensa, durante un acto de entrega de soluciones habitacionales en Yerba Buena.
Según precisó el titular del Poder Ejecutivo, a aquellas empresas que tras ser sancionadas decidan no despedir a sus empleados durante un plazo de uno o dos años para blanquearlos se les perdonarán las onerosas multas.
“Con eso estamos dando un handicap a los empresarios y si ellos me blanquean y no me corren a la gente le estamos dando una solución y en esto vamos a ser muy duros (sic)”, agregó Alperovich.
El titular del PE explicó que el fin de esa medida es brindarle protección a aquellos trabajadores en negro que decidan denunciar a sus empleadores con el fin de normalizar su situación laboral.
Además, el Gobernador aclaró que la iniciativa no debe asumirse como una embestida contra los empresarios. "No los quiero perjudicar, cobrarles multas o clausurarlos, pero tienen que blanquear a toda esa gente, no puedo permitir que no tengan obra social, jubilación, ni salario digno", añadió.
Por su parte, el presidente subrogante de la Legislatura, Sergio Mansilla, indicó que el proyecto apunta a que los empresarios "no corran a sus empleados en negro por un año".
Tras anticipar que el tema podría llegar al recinto a fines de la próxima semana (habría sesión el viernes 25), Mansilla resaltó la necesidad de que los empresarios mantengan su planta de personal y no realicen despidos. "Sería fácil que el empresario ponga en blanco al que está negro y corra uno que esté en blanco para equilibrar sus finanzas", especuló el parlamentario oficialista.

Los números no mienten

Si hay algo en lo cual coinciden el Gobierno provincial y los empresarios (quienes no cuestionan la lucha contra el empleo en negro, sino las herramientas que pretende utilizar el PE) es en el hecho de que el índice de informalidad laboral en Tucumán es para preocuparse.
En ese sentido, el titular de la Dirección General de Rentas de la Provincia (DGR), Pablo Clavarino, reiteró ayer que, tras un relevamiento efectuado por esa repartición, se constató que el 50 por ciento de los trabajadores tucumanos no figura en los registros oficiales.
“De cada 10 personas que tienen algún tipo de empleo 5 están en negro”, explicó el funcionario, quien además indicó que el índice de mayor informalidad laboral se presenta en el sector de la construcción, donde aproximadamente llega a ser un 60 por ciento de los empleados. “Para terminar con eso, se van a adoptar una serie de medidas que están siendo analizadas y que buscan que a los empleadores les convenga más regularizar la situación de sus trabajadores que mantenerlos en negro”, concluyó el responsable del órgano recaudador.