La estrategia judicial de distintas organizaciones sociales y profesionales de nuestro medio, en contra de la decisión del Gobierno de vender inmuebles que forman parte del patrimonio arquitectónico y cultural de San Miguel de Tucumán, traspasará los estrados locales en el corto plazo.
La Junta de Estudios Históricos (JEH), la Federación Económica de Tucumán (FET) y el Colegio de Arquitectos de Tucumán, entre otras instituciones que integran la movida en defensa de los edificios históricos, llevarán sus planteos a los Tribunales Federales en el transcurso de la próxima semana.
Así lo confirmó ayer a EL SIGLO el titular del CAT, Juan Martínez Romero, quien precisó que la presentación judicial tiene por objeto obligar al Gobierno local a que cumpla con la aplicación efectiva de la ley nacional 25.275, mediante la cual se declaró ‘ciudad histórica’ al casco urbano original de la Capital provincial. Dicha norma, que fue sancionada por el Congreso en 2000 y rige desde mediados de ese año, exige al Poder Ejecutivo de la Nación garantizar el resguardo de los testimonios históricos y arquitectónicos de San Miguel de Tucumán.
Según entienden los sectores interesados, los alcances de esa ley no pueden ser superados por ninguna normativa local, como la que sancionó en diciembre último la Legislatura, desafectando para su venta al sector privado a seis inmuebles protegidos por la Ley de Patrimonio. "Cuatro de los seis inmuebles que quiere vender el Gobierno estaban protegidos por otras dos leyes provinciales debido a su incalculable valor arquitectónico e histórico. Nosotros consideramos que esos edificios están dentro de los alcances de la ley nacional 25.275, y pediremos que eso se cumpla", explicó Martínez Romero.

En tribunales locales

Paralelamente, el profesional estimó que hoy, con la vuelta de actividad normal en los tribunales, tras la feria de enero, "se reactivará la medida cautelar" que presentaron en la Cámara en lo Contencioso Administrativo (CAA) de Tucumán "para impedir que se vendan los locales". Vale recordar que las instituciones citadas habían accionado contra la norma que desafectó seis inmuebles protegidos por la Ley de Patrimonio. Además, habían requerido que se disponga una medida de no innovar impidiendo que se proceda a la apertura de licitación para la venta de esos edificios, entre ellos el que ocupa la Dirección de Rentas, en San Martín y Maipú, hasta tanto se dicte una sentencia de fondo. Por considerar que el asunto no revestía la urgencia necesaria, la CAA decidió no expedirse al respecto durante la feria. "Como mañana (por hoy) retorna la actividad normal al Poder Judicial, entendemos que el planteo ingresará en estudio", acotó el titular del CAT.

En busca del diálogo

En otro orden de cosas, Martínez Romero remarcó la necesidad de que se abra una instancia de diálogo con las autoridades del Ente de Cultura para discutir propuestas y debatir acerca del plan oficial para la venta de edificios que integran el patrimonio. Con esa premisa, las entidades movilizadas solicitaron ayer formalmente una audiencia a la nueva directora de Patrimonio Cultural, Mercedes Aguirre y al secretario del Ente de Cultura, Mauricio Guzmán.
El representante del Colegio de Arquitectos reconoció que hasta el momento no hubo ningún acercamiento con los funcionarios y que, "por ahora, lo único que hicieron las autoridades del sector fue cuestionar la actuación de las organizaciones movilizadas en defensa del patrimonio. Por pedido de la ciudadanía, estamos tratando de consensuar propuestas con el Gobierno, y para ello es necesario la apertura del diálogo por parte de las autoridades", resaltó el dirigente.
Finalmente, consideró como un hecho positivo el apoyo brindado en los últimos días por distintas instituciones provinciales y nacionales al plan de acción que lleva adelante el sector.