La elevada tasa de trabajo en negro que afecta a la provincia llevó a que el Poder Ejecutivo pusiera en marcha una encendida lucha para bajar estos índices y formalizar la situación de los trabajadores. Si bien para el Estado se consiguieron resultados positivos en la primera semana de inspecciones, los economistas y expertos en la materia no cuestionan el principio de la medida, aunque ponen en tela de juicio la forma, considerando que no se trata de una medida que aliente el trabajo formal en el largo plazo.
"Los empresarios tienen que registrar a sus empleados, no hay excusa y el Gobierno tiene la obligación de fiscalizar. Lo que también está claro es que con una metodología prepotente no se logrará mucho. Para eso debe existir el diálogo y el acuerdo", opina el economista Hugo Ferullo.
Para José Bercoff los efectos negativos de estas medidas aflorarán cuando la economía muestre una sensible desaceleración. Entiende que la mejor manera de proteger a los trabajadores que tiene un Estado es reduciendo los niveles de presión impositiva y tributaria.
Ricardo Nassif, presidente del Colegio de Graduados en Ciencias Económicas, dice que así como los delitos no se combaten endureciendo las penas, en cuanto al mercado laboral sucede lo mismo.
"El Estado provincial debería utilizar mecanismos más útiles para incentivar el trabajo en blanco como por ejemplo disminuyendo el impuesto a la Salud Pública o que el pago de las contribuciones sea aceptado a cuenta de Ingresos Brutos", propone el experto, en diálogo con EL SIGLO.

Fuera de discusión

Por otra parte, Ferullo afirma que no hay margen para el debate respecto a la necesidad de controlar el cumplimiento de las normas laborales.
"Está claro que cuando a la gente no se la controla, no cumple. Y el empresario no pagará los tributos si puede no hacerlo. Estos controles son necesarios, pero no a ‘manu militari’ o invadiendo de manera policial la vida económica. No hay excusa para no cumplir con las normas más allá de que la alta presión tributaria sea una realidad. Pero todo debe conseguirse a través del debate, el consenso y el diálogo maduro y no con la política del prepo. Está demostrado que en la sociedad moderna esto no funciona", opina Ferullo.
Bercoff, profesor adjunto en Teoría Monetaria de la Universidad Nacional de Tucumán, cuestionó el verdadero grado de validez legal que tienen las sanciones impuestas por Rentas en caso de detectar trabajadores en negro. El profesional discutió la ley 7.999 promulgada por el Poder Ejecutivo, que aplica una sanción de 20 mil pesos por cada empleado en negro y la posibilidad de clausura por 10 días. "Tengo mis dudas porque se tratan de impuestos federales", dijo.
Respecto al trabajo no registrado, el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación es quien posee el poder de policía, logrado en marzo de 2004 a través de la ley 25.877. Por medio de esta norma se creó el Sistema Integral de Inspección del Trabajo y de la Seguridad Social (SIDITYSS), cuya misión es controlar y fiscalizar el cumplimiento de las normas del trabajo y de la seguridad en todo el territorio nacional y combatir el trabajo no registrado. Esta norma establece además que el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social es la autoridad de aplicación de este sistema y está facultado para verificar infracciones de los empleadores a las obligaciones de la seguridad social y aplicar las penalidades correspondientes.
Nessif refuerza este punto al señalar que existe un principio constitucional que, a simple vista, no está siendo respetado y tiene que ver con la proporcionalidad de la pena aplicada de acuerdo a la infracción cometida. "Creo que es desproporcionado aplicar 20 mil pesos de multa, sumado a la clausura de un local por un empleado no registrado", expone.   
Pero Ferullo fue más allá del marco legal al hablar del principio ético. "No hay economía de mercado que funcione correctamente sin principios morales. No todo se soluciona con leyes si no hay principios a nivel ético. Las inspecciones pueden tener buenas intenciones, pero no es aceptable tener empleados en forma ilegal", marca.