La firma del Pacto Social por el Crecimiento de Tucumán entre el gobernador José Alperovich y los intendentes y delegados comunales de toda la provincia se concretará el próximo lunes. La medida, que para tomar forma legal definitiva deberá ser convalidada por los concejos deliberantes (un mero trámite, a la luz de la realidad política e institucional de Tucumán) permitirá el envío de fondos provinciales reintegrables por 625 millones de pesos durante 2008 para el pago de haberes y la ejecución de obras en esas jurisdicciones.
Mientras que el ministro del Interior, Osvaldo Jaldo, consideró que el pacto es sinónimo de fortalecimiento institucional, gobernabilidad y paz social, para los legisladores de la oposición se trata de un ataque más a las autonomías municipales que, por imperio de la nueva Constitución, el Estado debería garantizar.
Según consideró el radical José Cano, el pacto social "acentúa el modelo de gestión alperovista basado en el verticalismo y una total centralización del manejo de los fondos públicos". En este sentido, advirtió que "ese esquema de gestión es tan evidente que, a pesar de que los concejos deliberantes tienen que acompañar o rechazar el acuerdo, se concreta la firma de los convenios por anticipado entre el Gobernador y los intendentes, evidenciando así que la actuación de los cuerpos parlamentarios es anecdótica". El legislador de la UCR admitió que comprende la situación de los jefes municipales, "porque no les queda otra que firmar el pacto a los fines de tener fondos para sueldos y obras, lo cual les garantizará gobernabilidad en sus gestiones. Sin embargo, -aclaró- en estos casi cinco años de gestión el Gobierno ya debería haber avanzado en un modelo de coparticipación municipal y comunal con goteo diario de recursos, propiciando medidas que permitan mejorar la capacidad de recaudación de municipios y comunas, con lo cual no sería necesaria la aplicación de un pacto que atenta claramente contra las autonomías".
Cano opinó que con esta disposición los "intendentes y delegados se convierten  en simples ejecutores de las medidas que se toman en la Casa de Gobierno. Lamentablemente en la agenda del PE lo que se denomina fortalecimiento institucional no forma parte de las prioridades", concluyó.

Acuerdos esclavizantes

Por su parte, el republicano Ricardo Bussi coincidió en que el pacto social "violenta las autonomías municipales. En la manera en que aprendamos a elegir representantes serios en municipios y comunas, que gestionen para la gente y administren bien los recursos, no hará falta este tipo de acuerdos que los esclavizan", disparó. Además, sostuvo que se terminará acentuando la dependencia política hacia el Gobernador de la provincia, lo que no le hace bien ni a las instituciones ni a la gente. "Este tipo de medidas solo aporta a fortalecer el padrinazgo de la Casa de Gobierno y potenciar el endeudamiento de los municipios, postergando la solución de los problemas de fondo", recalcó el titular de Fuerza Republicana.
Para el representante del Partido Laborista, Osvaldo "Renzo" Cirnigliaro, el pacto social que firmarán los intendentes con la Provincia "no hace nada más que ratificar que es el Poder Ejecutivo el único administrador de los municipios y comunas". El legislador opositor admitió que oportunamente apoyó en el recinto la medida que permitirá a la Dirección de Rentas recaudar los tributos comunales para hacer más eficiente la recaudación. No obstante, opinó que "lamentablemente, el Gobernador ha transformado esa herramienta, a través de un DNU, en un elemento más de presión política para mantener de rehenes a los delegados comunales e intendentes que se sometan a esta norma”.

“No existe la democracia”

"Renzo" aseveró que en Tucumán "no existen ni democracia ni estado de derecho, lo cual posibilita la viabilidad de este tipo de pactos, que en lugar de mejorar la calidad institucional ratifican la total dependencia política y económica de las jurisdicciones del Interior". Finalmente, resaltó que "lo que garantiza la democracia es la libertad política, pero si no hay un sistema electoral que asegure la representatividad popular en la toma de decisiones, tampoco se pueden garantizar mecanismos institucionales que aseguren la autonomía".