... Gobierno y la oposición. El presente y el futuro exigen de todos nosotros madurez política y espíritu republicano.

Desde fines de 2007, la cuestión de la enajenación de propiedades públicas para su venta, en virtud de  las leyes Nº 7.986 y 7.990, ocupa un lugar central en la agenda política local. Por lo menos, así lo hacen notar, insistentemente, la mayoría de los medios de difusión de la provincia, ávidos de plantear nuevos frentes de batalla al Gobierno.
La desafectación de inmuebles incluidos en el Sistema de Protección del Patrimonio Cultural y en el Régimen de Activo por Activo generó la reacción de diferentes sectores de la sociedad, que desde hace siete viernes se realizan manifestaciones en repudio a la medida oficial en la plaza Independencia.
A partir de la publicación de la mencionada ley el 21 de diciembre último en el Boletín Oficial, la expropiación de los edificios en cuestión sólo podrá ser impedida por una decisión de la Justicia.
Al respecto, cabe recordar que aún está pendiente la resolución de la Sala III de la Cámara en lo Contencioso Administrativo, de una acción de amparo colectivo impulsada por la Junta de Estudios Históricos y por el Colegio de Arquitectos de Tucumán.
Si bien es comprensible la inquietud de sectores de la comunidad ante el anuncio de los proyectos gubernamentales para con los inmuebles desafectados -la sede del Siprosa, Mendoza y Rivadavia; la ex Dirección de Comercio, San Martín 730; la playa de estacionamiento de 24 de Septiembre 570; los locales de las Juntas de Clasificación Docente, Córdoba 759/765 y la manzana de Sarmiento al 800, donde funciona la Secretaría de Educación, la sede de Rentas de la provincia, ubicada en esquina de San Martín y Maipú y la ex Brigada de Investigaciones de la Policía, de Muñecas y Avenida Sarmiento-, no es menos cierto que la metodología y los lemas utilizados para manifestar la oposición al proyecto, tienen un contenido político que genera desconfianza, aún entre el público menos informado.
En primer lugar, no olvidemos que no todo lo que se pretende vender puede ser considerado "Patrimonio Cultural, Histórico o Arquitectónico".
Cuando sostenemos que "Tucumán no se vende; la Cultura no se vende, el Patrimonio no se vende", no podemos sino tratar de definir si estos dichos, que repetimos hasta el cansancio, se encuadran en el asunto que nos ocupa. En ese sentido, entiendo indispensable y pertinente aclarar algunos conceptos y para eso, recurrí al diccionario de la Real Academia Española (RAE). De la consulta se desprende que:
Viejo: adj. Antiguo o del tiempo pasado./ adj. Que no es reciente ni nuevo./ adj. Deslucido, estropeado por el uso.
Antiguo: adj. Que existe desde hace mucho tiempo./ adj. Que existió o sucedió en tiempo remoto.
Histórico: adj. Perteneciente o relativo a la historia./ adj. Averiguado, comprobado, cierto, por contraposición a fabuloso o legendario./ adj. Digno, por la trascendencia que se le atribuye, de figurar en la historia.
Ahora, por una cuestión de seriedad en los reclamos, debemos tratar de encuadrar los inmuebles mencionados en las definiciones obtenidas; porque sabemos que no en todos los casos de inmuebles próximos a ser enajenados son locaciones con valor histórico, cultural o arquitectónico.
En cuanto a la idea de "Tucumán no se vende", acuñada por algunos personajes que conocemos por una trayectoria pública divorciada de la historia o la cultura; es hora de recordarles (porque ellos lo saben) que los gobiernos nacionales, provinciales o municipales compran y venden desde que el país existe como tal. Es una prerrogativa contemplada por la Ley, y la única limitación es la observancia de las normas y procedimientos que garantizan legalidad y transparencia.
Además, no olvidemos que los edificios que se pretende enajenar reflejarán la historia de Tucumán, estén en manos del Estado o de particulares, tal como sucede en muchos sitios de nuestro país y del mundo. El tema es qué se hace con ellos y cuál es la participación pública en el destino de los mismos.
Es en ese contexto donde las voces de quienes se oponen a que el Estado se desprenda de los bienes mencionados, caen en una mezcla informe de argumentos reales, resentimientos contenidos, oportunismo político y una violencia verbal inexcusable. Este "collage" quita credibilidad y entidad a los reclamos, además de servir de excusa para que el Gobierno cierre las puertas a cualquier posibilidad de diálogo.
Es tan repudiable, sostengo, la realización de proyectos oficiales rechazados por la gente, como la intención de dirigentes opositores de capitalizar la preocupación de la ciudadanía para obtener lo que no pudieron conseguir en las urnas. Ambas son actitudes reñidas con los principios de la Democracia y con el espíritu de la República.
Es en este punto donde Gobierno y entidades intermedias de la sociedad civil deberían detenerse, dejar de lado la contienda política, abandonar las calumnias y las descalificaciones personales, recapacitar y sentarse a debatir, con la firmeza que exigen las posiciones propias y con el respeto que merecen las opiniones ajenas, sobre el futuro del patrimonio histórico que, aunque administrado por el Estado, pertenece a cada uno de los tucumanos.    
 
(*) Redacción El Siglo