BUENOS AIRES.- Varias gobernaciones que cambiaron de manos en las últimas elecciones analizan la posibilidad de dar de baja a 38 mil contratos en la administración pública, en el marco de una ofensiva contra los empleados sin funciones relevantes.
El gobernador bonaerense, Daniel Scioli, según la información publicada por un diario porteño, estudia los contratos de 23 mil empleados y ya señaló que "la mayoría de los que tienen contratos políticos no continuarán trabajando" en su administración.
Como anticipo, el hermano del gobernador, José Scioli, ya se deshizo de 160 de los 270 empleados que heredó.
En Tierra del Fuego, la gobernadora Fabiana Ríos se quejó de los casi dos nombramientos por día, unos 300 casos, que heredó de la anterior administración de Hugo Coccaro y ya se anunció el análisis de 4.000 personas a planta permanente, a partir de un mecanismo automático en el que se nombraban beneficiarios de planes sociales.
En La Rioja, el gobernador Luis Beder Herrera denunció ñoquis y comenzó a analizar 2.500 casos, mientras que el mandatario salteño, Juan Manuel Urtubey, retrotrajo las designaciones hasta el 28 de octubre para estudiar caso por caso.
El gobernador chaqueño, Jorge Capitanich, suspendió los 4.000 pases a planta permanente que había realizado su antecesor Roy Nikisch y también estudiará cada una de las situaciones.
En Mendoza, el gobernador Celso Jaque tiene bajo la lupa las contrataciones de 4.705 empleados, sumados a 350, que fueron dados de baja.
En Tucumán, José Alperovich le dio de baja a cinco mil empleados que, en campaña, había denunciado como ‘ñoquis’ en la Legislatura y a dos mil contratados de las comunas rurales, además de reducir el presupuesto de 200 millones de pesos de la Legislatura a la mitad.