... desaprovechar la ocasión de reflotar importantes proyectos relacionados con el tren.

Como si se tratase de un anatema, el Ministro de Planificación Federal, Julio De Vido descartó que la Ley de Reordenamiento Ferroviario sea una reestatización. "Se trata de un reordenamiento para mejorar los servicios y para que el Estado recupere el protagonismo perdido con las privatizaciones realizadas en los años 90", aclaró el funcionario, recordándonos así que el modelo justicialista actual, no prevé otra cosa que el perfeccionamiento de lo que inició un iluminado riojano en la década pasada.
"La Cámara de Diputados convirtió el jueves último en ley el proyecto del Poder Ejecutivo que establece el reordenamiento del sistema ferroviario con la creación de dos sociedades de Estado que se encargarán de la administración de los bienes y de la prestación de servicios.
Con 153 votos afirmativos, 73 en contra y 3 abstenciones, los diputados aprobaron la iniciativa enviada al Congreso en mayo del año pasado y que recibió media sanción del Senado en julio.
Tras casi 6 horas de debate, y sin que se aceptaran modificaciones al proyecto original, el oficialismo logró finalmente la sanción de un proyecto que hace más de medio año intenta aprobar en la Cámara baja".
Así nos informaba la crónica periodística acerca del tiro de gracia a los sueños de aquellos que nunca se habían resignado a que los trenes hayan dejado de ser parte del desarrollo demográfico, del crecimiento económico o del paisaje, en las inmensas extensiones de nuestro país.
Es sabido que ninguna empresa, por su propia naturaleza, puede reemplazar al Estado en sus proyectos y  en sus responsabilidades. Es precisamente por eso que la Ley de Reordenamiento Ferroviario, que podría ser un instrumento eficaz para que el tren, modernizado, mejorado y eficiente,  vuelva a ser el transporte popular por excelencia, como sucede en la mayoría de los países desarrollados; por ahora es sólo una estructura de negocios con participación estatal para usufructuar bienes que pertenecen a los argentinos desde hace más de un siglo.
El objetivo de la ley es la reestructuración de la actividad ferroviaria, "ubicando como pieza clave de toda la acción, de los nuevos criterios de gestión y de rentabilidad, la consideración del usuario", según señala el texto enviado a Diputados por el Poder Ejecutivo.
La norma prevé que la nueva Administración tenga bajo su cargo "la infraestructura ferroviaria actual, la que se construya en el futuro, su mantenimiento y la gestión de los sistemas de control de circulación de trenes".
Además, se creará la sociedad Operadora Ferroviaria Sociedad del Estado que deberá prestar los "servicios de transporte ferroviario tanto de cargas como de pasajeros, incluyendo el mantenimiento del material rodante".
Como podemos observar, el papel del Estado, en el enunciado de la norma es sumamente ambiguo. Nadie menciona las inversiones necesarias para que el sistema responda a las necesidades de la gente, la renovación de los coches, la adquisición o fabricación de locomotoras o la recuperación y restauración de las viejas estaciones distribuidas y abandonadas, a lo largo y a lo ancho del territorio nacional. De todas maneras, la promulgación de la Ley es un hito que no se debe pasar por alto.

Desde la historia
  
Hablar del reordenamiento ferroviario tiene (o debería tener) un sentido especial para los tucumanos.
Nuestra provincia fue, desde los albores de la industria nacional y con la necesidad de contener a las oleadas de inmigrantes que llegaban a estas tierras y de impulsar el desarrollo del interior, en un polo tecnológico que posibilitó que Tucumán se convierta en un nudo ferroviario de importancia continental.
A nuestras estaciones arribaban -desde los comienzos del Siglo XX- viajeros, correo y mercaderías que luego serían distribuidas por ramales secundarios por todo el norte del país.
De todo aquel magnífico entretejido socio-estructural, sólo nos quedó -después del progresivo cierre de los ramales ferroviarios que se completó en la década pasada-, un cinturón de rieles y terrenos desaprovechados que rodea y asfixian al casco histórico de la Capital; varias estaciones abandonadas en la ciudad y más de una docena en ruinas en la provincia; una comunidad, en Tafí Viejo- herida de muerte por el cierre de los talleres y decenas de miles de desocupados, directos e indirectos como consecuencia del mismo.
Es precisamente, por todo lo antes mencionado, que la entrada en vigencia  de la Ley de Reordenamiento Ferroviario, debe ser la ocasión propicia para que el Gobierno provincial tome la iniciativa de gestionar e impulsar, junto a todas las fuerzas vivas tucumanas, el renacimiento de un conglomerado vial, con centro en Tucumán, para unir las provincias del NOA, con el centro del país y con nuestros vecinos, de Bolivia, Chile y Paraguay.
Una de las asignaturas pendientes del Gobierno provincial es el ramal ferroviario prometido por el Gobernador, que uniría las localidades del sur con la capital.
Sin ánimos de minimizar las dificultades para el logro de este objetivo, sostengo que la apertura de un servicio de transporte de pasajeros de éstas características, sería un importante paso para posicionar a Tucumán en el contexto adecuado para encarar objetivos superiores.

*Redacción El Siglo