Los tiempos apremian para el Poder Ejecutivo provincial, que, acorralado por las presiones sindicales, en los próximos meses se verá obligado a "romper la alcancía" y a solicitar auxilio nacional para poder seguir cubriendo sin sobresaltos una "engrosada" planilla salarial. Tras cuatro tensas jornadas, el viernes pasado el Gobierno alcanzó un "agónico" acuerdo sobre la hora con los docentes, otorgándoles un básico de 650 pesos y un mínimo de bolsillo de 1.600, para garantizar que hoy comiencen las clases.
El gobernador José Alperovich y sus colaboradores saben que esta medida significa, además de una justa reivindicación para los postergados maestros, un elemento que influirá superlativamente en la naturaleza de los reclamos de los otros gremios estatales. Tanto es así que el titular del PE, en su discurso ante la Legislatura del sábado "abrió el paraguas" admitiendo que el resto de la administración pública también se beneficiará con un aumento, aunque aclarando de antemano que el techo será de un 20 por ciento.
Con estos elementos sobre la mesa, a partir de la semana que comienza hoy, el Gobierno y el Frente de Gremios Estatales (FGE) que integran ATE, la CTA, Vialidad, ATSA y los municipales de toda la provincia, entre otras agrupaciones,  iniciarán una "pulseada" que promete ser tensa.

Expectativa sindical

Sabiendo de antemano que el beneficio concedido de los sindicatos docentes es un argumento suficiente como para presionar por una suba, tanto en el salario básico como en el sueldo de bolsillo, desde el FGE esperan ser convocados, a más tardar, mañana por las autoridades para iniciar una ronda de negociaciones.
"Confiamos en las expresiones del Gobernador, quien dijo que tras las paritarias docentes iba a conversar con los otros sectores sobre el tema salarial, por lo que esperamos que nos convoquen mañana (por hoy) o el martes para escuchar alguna propuesta", precisó Luis Arroyo, de ATE, en declaraciones a EL SIGLO.
El sindicalista fue cauto y prefirió no hablar de montos a exigir, aunque admitió que la suba otorgada a los docentes es un elemento a tener en cuenta durante las conversaciones. "Queremos ver qué nos ofrece el Gobierno, teniendo en cuenta que la mayoría de los empleados públicos, que son los de las categorías 15 a la 18, tienen básicos que no llegan a 300 pesos y un mínimo de bolsillo que no supera los 900 pesos, cuando la canasta básica en Tucumán trepó por encima de los 2.000 pesos", explicó el dirigente.
Consultado sobre el "techo" del 20 por ciento de aumento que mencionó el Primer mandatario provincial, Arroyo opinó que "el Gobernador seguramente se refirió a los términos en los cuales se discute una mejora salarial en la Nación, pero de ningún modo estamos de acuerdo en que se tomen esos parámetros en Tucumán, porque la realidad es muy diferente".

Otros planteos

Al margen del tema salarial, que partirá de un reclamo de aumento en el sueldo mínimo y la incorporación de las sumas no remunerativas al básico de los empleados públicos, el FGE también pretende imponer en la mesa de diálogo con las autoridades otra serie de planteos. Entre ellos, se destaca la titularización de empleados contratados y el diseño de un nuevo estatuto de escalafón para la administración pública. Además, exigirán el pago de la deuda por las asignaciones familiares correspondientes a julio, agosto y septiembre de 2007. "Son 28 pesos por hijo y por mes que la Provincia le debe desde hace meses a los trabajadores", precisó el vocero del FGE.
Por último, Arroyo informó que el próximo jueves, en principio, se realizará un plenario general, con representantes de todos los sectores que confluyen en el FGE, para analizar  la marcha de las negociaciones con el Ejecutivo.