La Argentina es un país de oportunidades. Para los demás. De lo contrario, es muy difícil explicar que siga adelante un proyecto que, cuando se lo analiza con algún grado de honestidad, no resiste el más mínimo análisis: el tren bala.
Resulta casi indecoroso explicarle a la gente, a aquel que sale a la mañana de su casa y, esté en la ciudad en que esté, debe trasladarse por el transporte público a su trabajo, el grado de hazaña que cada día debe realizar. Hace cien años, y aún cuando fuera la grosera decisión de satisfacer la necesidad de sacar los granos y los cueros por el puerto hacia Londres lo que motivó la construcción de la red ferroviaria, el país moderno nacía unido por trenes. Esa era la modernidad.
Se dice ahora que el ingreso a la actual era de modernidad y progreso es el tren bala, un artefacto extraordinario que cuesta más de tres mil millones de dólares para transportar apenas 600 pasajeros por viaje entre Buenos Aires, Rosario y Córdoba. De aquella magnífica red que el menemismo terminó de aniquilar al grito de "ramal que para, ramal que cierra", queda en pie menos del 20 por ciento, además de los escandalosamente horripilantes servicios de trenes suburbanos en el área metropolitana de Buenos Aires. El tren bala hará subir ese porcentaje casi de manera insignificante: la Argentina seguirá siendo un país sin trenes, aunque tenga ese ínfimo tramo de alta velocidad.

Mucho dinero

"El sistema ferroviario está absolutamente destruido y con ese dinero se podrían reconstituir 8000 kilómetros de vías para que corran trenes a 120 kilómetros por hora", dicen en la Asociación del Personal de Dirección de Ferrocarriles Argentinos y Puertos Nacionales. "Con ese dinero -es decir con la brutal montaña de dinero que se destinará al tren bala- se podrían tener buenos trenes a Tucumán, Salta, Posadas, Rosario, Córdoba, Mendoza, Bariloche y Bahía Blanca", agregan. La cuenta es sencilla: con el mismo dinero que se gastará en que poquitos viajen caro entre ciudades separadas por 700 kilómetros, millones podrían viajar menos caro y quizás menos sofisticado pero de manera digna a lo largo de casi todo el país.
Sólo cuatro países en el mundo (Japón, Francia, Alemania y España) cuentan con trenes de alta velocidad que unan ciudades de su interior. La Argentina, gracias al esfuerzo de la población que le derivará al gobierno los fondos correspondientes para que nos endeudemos también como corresponde, ingresará a este selecto grupo de naciones. ¿Alguien cree, por ventura, que gracias a esa membresía pasaremos a ser un país moderno, avanzado y reflejo del progreso? Es simplemente cuestión de preguntarse -y responderse- cuántas familias viven en la indigencia en Japón y cuántas en la Argentina. O preguntarse -y responderse- cuántos habitantes carecen de agua potable en Alemania y cuántos tienen que resignarse a consumir agua contaminada en riachos y arroyos de pueblos que verán pasar -rápido, es cierto- al tren bala. O preguntarse -y responderse- cuántas familias viven bajo la llamada línea de pobreza en Francia y cuántas rebuscan en la basura para poder sacar algo que comer o que vender en los barrios periféricos de Rosario o Córdoba, donde habrá una hermosa terminal con shopping incluido para que algunos pocos paguen 500 o 600 pesos un pasaje en tren bala. O preguntarse -y responderse- cuántos tienen acceso a la educación o la atención médica gratuitas o tienen una jubilación digna en España, y cuántos son los que tienen que salir a “chorear” para llevar algo caliente a la panza, cuántos niños se mueren por enfermedades evitables y cuántos viejitos malviven en los asilos, si es que sobreviven al hambre, en cualquiera de los rincones que se han quedado sin tren y sin esperanza en la Argentina.

Conflicto ético

Quienes trillan los pasillos de poder en la Argentina cuentan que además de los argumentos de la oposición que llevaron a que el proyecto de tren bala deba explicar algunas cosas en la justicia, hay en el propio gobierno un debate acerca de la pertinencia ética de una iniciativa de estas características tan chocantes y contrastantes con la realidad. Dicen, incluso, que algunos de los alejamientos raudos e inesperados de los últimos ministros de economía se explica en cierta reticencia de esos funcionarios a firmar algo que en el futuro será complejo de explicar y más si se lo debe hacer sentado frente a un juez federal.
¿No hay en la Argentina otras prioridades?
¿No hay nada entre esta actualidad, de país con miles de carencias, con demasiada gente pobre y con infraestructura (vial, hospitalaria, educativa, judicial, etcétera, etcétera) obsoleta o inexistente, y el tren bala que depositará (a unos pocos) en el futuro?
Resulta difícil no pensar mal cuando el sentido común viaja en una dirección y las decisiones de los gobernantes lo hacen en otra opuesta y sin siquiera registrar la contraindicación que se le expone. Los países democráticos harían atravesar una decisión de semejante envergadura (se habla de una inversión final, con intereses por endeudamiento incluidos, de más de 4000 millones de dólares) por todas las instancias de debate posibles con la oposición y las organizaciones civiles. Y el veredicto saldría de la fundamentación de ese debate. Y los países más democráticos todavía, ante una decisión que involucra las finanzas públicas y que puede derivar en que el día de mañana la deuda externa se haya incrementado groseramente para un servicio de transporte nada imprescindible, convocarían a un plebiscito y le pedirían a la población que opine. Y se remitirían a aceptar el resultado de ese veredicto popular.
¿Alguien duda de por qué nada de eso se hace en la Argentina?

(*) Coordinador editor