Luego de los serios incidentes que se produjeron el último jueves cuando se conoció que Bussi mantendría los privilegios de la prisión domiciliaria, estalló una polémica entre la agrupación de Familiares de Desaparecidos de Tucumán (FADETUC) y agrupaciones políticas de izquierda, a quienes FADETUC responsabilizó de manera indirecta de iniciar la agresión contra los gendarmes que respondieron con gases y balas de gomas.
Mediante un comunicado, el Partido Comunista Revolucionario (PCR), manifestó su repudio por "la actitud sectaria, divisionista y mezquina de FADETUC, un  grupo kirchnerista de familiares de desaparecidos, que se ve más preocupado por el balance del gobierno nacional con su política de derechos humanos que por la canallesca actitud, ya arreglada de antemano, de seguir consagrando la impunidad de los genocidas, condenando al asesino Bussi a perpetuidad pero a cumplir su condena en un country de lujo adquirido seguramente con dineros mal habidos, producto de robos al erario público y muy probablemente también del robo de bienes de muchos desaparecidos".
Desde la agrupación convocaron a agruparse el próximo jueves a las 9 en la plaza Yrigoyen para marchar desde allí hasta la sede del Tribunal Oral en lo Federal Criminal donde se leerán los fundamentos de la sentencia contra Bussi y Menéndez..
En otro momento desde el PCR señalaron que "No fueron hechos planificados como afirma FADETUC, fue la bronca de la gente de sentirse  otra vez engañada  lo que manchó esta jornada y fue una afrenta para los detenidos desaparecidos, los torturados, los asesinados, los encarcelados por años. Obreros, dirigentes sindicales, políticos y sociales, estudiantes, intelectuales, etc. Es decir todos aquellos que se oponían a la política que vinieron a implementar, en beneficio de imperialistas,  terratenientes y grandes monopolios".
A todo esto, el gobernador José Alperovich defendió en la mañana de ayer la actitud de su esposa, la diputada nacional Beatriz Rojkés de Alperovich, quien concurrió a escuchar la sentencia pero no ingresó. La legisladora jamás tuvo militancia en la lucha por los derechos humanos, por lo cual su decisión fue tildada de oportunista por familiares y militantes de agrupaciones sociales.