Los reclamos salariales tienen en jaque al Poder Ejecutivo que, a medida que pasan los días, se va quedando sin margen para negociar una salida al conflicto mediante el diálogo con las cúpulas dirigenciales o el otorgamiento de sumas no remunerativas, que no terminan de recomponer el poder adquisitivo de los trabajadores, arrasado por el proceso inflacionario.
En este contexto, el Frente Gremial Docente (FGE), que integran ATEP (primarios), APEM (medios) y AMET (técnicos), amenaza con un paro total de actividades, sin concurrencia a los lugares de trabajo, el próximo martes, ante la falta de respuestas del Gobierno al pedido de una mejora en los haberes básicos del sector.
Mientras que APEM y AMET ya confirmaron la medida de fuerza, ATEP amenaza con acoplarse a la protesta si hasta mañana no hay un ofrecimiento concreto del PE.
La titular de APEM, Isabel Ruíz, dijo a EL SIGLO que el sector resolvió convocar a una huelga debido a que el viernes pasado, durante una reunión con los ministros de Gobierno, Edmundo Jiménez, y Educación, Silvia Rojkés de Temkin, las autoridades “elevaron una propuesta que no satisface a los requerimientos de la docencia. El Gobierno dice que no hay fondos para otorgar una mejora en el básico, que es el planteo principal del FGE,  y sólo estaría dispuesto a otorgar el pago del 100 por ciento del sueldo a los docentes con licencia por enfermedad y una mejora en las asignaciones familiares, conforme a lo dispuesto por la Nación”, precisó.
La dirigente admitió que mañana podrían reunirse nuevamente con las autoridades para acercar posiciones, aunque advirtió: “A menos que haya un anuncio concreto respecto al pedido de una recomposición salarial en el básico, el paro del próximo martes está firme”.

“No queremos sumas en negro”

Por su parte, el secretario general de AMET, Edgardo Bessone, confirmó a este diario que “los docentes de las escuelas técnicas cesarán en sus actividades el martes, para exigir una mejora en el básico. No queremos más cifras en negro, porque ya son siete las sumas no remunerativas que componen los sueldos docentes", sentenció.
Además, justificó el reclamo de los gremios docentes recordando que “la inflación, desde marzo hasta el momento, supera el 50 por ciento y afectó considerablemente el poder adquisitivo de los trabajadores. Bessone aclaró que “esta medida de fuerza es una situación no querida. También somos padres y queremos que nuestros hijos tengan 180 días de clases, pero la difícil situación financiera de los maestros, sumada a la falta de respuestas del Gobierno, nos lleva a adoptar esta decisión de ir al paro”, agregó. El sindicalista señaló que otro de los factores que motivó la medida de fuerza anunciada “es el incumplimiento, por parte del PE, del acta acuerdo firmada en marzo con el FGE”. En este sentido, recordó que “el Gobierno no cumplió con el compromiso de devolver el 20 por ciento del Incentivo Docente; ni con la equiparación en el pago del monto por Zona de las escuelas transferidas con las de la provincia; ni  con la firma del decreto para que los docentes que estén con licencia por enfermedad puedan cobrar el 100 por ciento de sus haberes, entre otros puntos que integraban el acta acuerdo".
Consultado sobre la amenaza del Gobierno, de descontar los días de paro a los docentes, el titular de AMET expresó: “Más allá de las amenazas de descuentos, los integrantes del Gobierno también incumplieron con el acta firmada en marzo, por lo que recurriremos a la Justicia para hacer valer nuestro derecho de protesta”.

ATEP esperará hasta mañana

En cambio, el secretario adjunto de ATEP, David Toledo, admitió que  esa entidad aún no decidió acompañar el paro convocado por los dos otros sindicatos que integran el FGE. "Vamos a esperar una respuesta del Gobierno hasta último momento y si el lunes (por mañana) no hay un ofrecimiento concreto, sobre todo respecto al reclamo de una recomposición salarial que apunte a mejorar el haber básico de los docentes del a provincia, se realizará una asamblea para estudiar si se convoca a medidas de fuerza", explicó.
Vale aclarar que el FGE no es el único protagonista de la embestida sindical en reclamo de mejoras salariales, sino que los otros dos gremios docentes, UDT y SADOP, realizaron un paro con movilización el viernes pasado y se declararon en estado de  asamblea permanente. También esperan respuestas el Frente de Gremios Estatales y los Municipales del Interior (ver aparte).

Estatales esperan una pronta respuesta

El Frente de Gremios Estatales (FGE) que integran ATE, la CTA, Vialidad, ATSA y Sitravi, entre otras organizaciones, espera ser recibido en las próximas 48 horas por el ministro de Gobierno, Edmundo Jiménez, a la espera de una respuesta al petitorio que entregaron la semana pasada.
Entre otros puntos, el sector reclama la continuidad del pago de los 220 pesos que el Ejecutivo otorgó en agosto, por única vez y en concepto de ayuda social de emergencia. Además, exigen que se abone el 100 por ciento de los sueldos a los trabajadores con licencia por enfermedad y el blanqueo de las sumas no remunerativas para los empleados públicos que están en edad jubilatoria. El titular de ATSA, René Ramírez, adelantó a EL SIGLO que “si no hay respuestas del Gobierno, a mediados de la próxima semana se evaluarán posibles medidas de fuerza”.

Plenario de Municipales del Interior

La Federación de Sindicatos Municipales y de Comunas Rurales convocó a una asamblea para el próximo martes, a las 10.00, en la ciudad de Famaillá, donde se evaluarán posibles medidas de fuerza, ante la falta de respuestas del Gobierno a los reclamos salariales del sector. Mediante un comunicado, que lleva la firma de los dirigentes Enzo Alarcón (Simoca) y José Contrera (Famaillá), la Federación reclamó el cumplimiento del acta acuerdo suscrita con el PE a principios de septiembre. Entre otros puntos, desde el sector exigen “una recomposición salarial que recupere la pérdida del poder adquisitivo; la continuidad del pago de los 220 pesos otorgados en agosto en concepto de ayuda social; la actualización de las asignaciones familiares a 135 pesos por hijo y el blanqueo de sumas no remunerativas a empleados próximos a jubilarse”.