El primero en lanzar la advertencia fue el gobernador José Alperovich. En su recorrida matutina, que ayer incluyó la ciudad de Alderetes para poner en marcha la patrulla motorizada, el primer mandatario alertó sobre la presencia de algunos "pícaros" que cobran para realizar gestiones por las pensiones que otorga la Nación.
Más tarde, en la Casa de Gobierno, Beatriz Mirkin, ministra de Desarrollo Social de la Provincia y Georgina Orellana, responsable en Tucumán de la Comisión Nacional de Pensiones, aseguraron que efectivamente se detectaron irregularidades y apuntaron a algunos dirigentes políticos como los impulsores de las maniobras.
En estos momentos están vigentes beneficios mensuales de entre 490 y 590  pesos mensuales para madres con más de 7 hijos, discapacitados y mayores de 70 años. Según el relato del gobernador, los punteros políticos se ofrecen como gestores para realizar los trámites administrativos, y luego cuando se otorga la pensión, cobran el retroactivo que puede alcanzar a dos o tres meses. "No hay intermediarios. No tienen que pagar absolutamente nada", alertó Alperovich, quien dijo que se aprovechan ya que se trata de gente humilde y con escasa instrucción.
Orellana reforzó los conceptos y dijo que todos los trámites son gratuitos desde su inicio y hasta el final,  como así también los estudios médicos en caso de que sean necesarios por los certificados necesarios para comprobar la discapacidad.
Por su parte, Mirkin fue más allá y denunció: "En el caso de discapacidad se requiere certificación médica de profesionales habilitados por el SIPROSA. Se hallaron certificados no adecuados o hay dudas sobre esa certificación".
Las pensiones no contributivas, como las de discapacidad, las otorga el Ministerio de Acción Social de la Nación, que conduce Alicia Kirchner. Una vez que se dispone del certificado, el trámite continúa en la Junta Nacional de Evaluación de Discapacidad, y posteriormente en el Centro de Información y Asistencia Previsional ubicado en la avenida Alem al 252.
De acuerdo a las denuncias de las funcionarios, en algún lugar de la cadena se encuentran las irregularidades.
A la luz de estos datos, se abrió una investigación administrativa, que podría terminar en la Justicia Federal en caso de que se encuentren indicios sobre posibles delitos como fraude a la administración pública.