El monto reclamado en distintas causas judiciales a empresas agropecuarias, corredores de bolsa e intermediarios por presunta evasión impositiva ronda los 300 millones de pesos en el período comprendido entre 2006 y lo que va del corriente año, según detallaron fuentes judiciales. Durante el año, hasta el mes de agosto, la cantidad de denuncias presentadas asciende a 170 y el reclamo, en monto, supera los 140 millones de pesos, con una incidencia manifiesta de las organizaciones delictivas dedicadas a brindar la logística necesaria para la "concreción de importantes defraudaciones fiscales", agregaron las fuentes. El mapa de la evasión agropecuaria incluye a Tucumán y varias otras provincias argentinas. La operatoria consistía en la creación de falsos contribuyentes que aparecen facturando el cereal comercializado "en negro" por los productores agropecuarios que se ocultan a través de estos sujetos. Similar 'modus operandi' se ha visto reiterado en asociaciones criminales con base en Tucumán y La Pampa. Las fuentes pusieron como ejemplo al Grupo Molinari, denunciado ante el Juzgado Federal Número 1 de Tucumán, a cargo de Daniel Bejas, quien investiga la existencia de un presunto plan organizado y coordinado por un grupo de personas, cuyo jefe sería el titular de la firma -identificado como Eduardo Molinari-, quien habría prestado servicios para facilitar la evasión de obligaciones tributarias por más de 23 millones de pesos en el mercado de cereales.
Esta supuesta organización habría operado en la provincia y otras jurisdicciones desde 1990, según el procesamiento emitido por el juez subrogante.
En este caso, se investiga la provisión de documentación apócrifa para evadir impuestos o solicitar reintegros por exportación a contribuyentes ubicados en diferentes localidades del país como por ejemplo Mercedes, Rosario, Mar del Plata, Resistencia, La Plata y el Gran Buenos Aires.
En este último caso, por ejemplo, recientemente se conoció una resolución de la Cámara Nacional en lo Penal Económico (Sala B), advirtiendo sobre la presunta existencia de una asociación ilícita por irregularidades en el cobro de devoluciones en el pago del IVA.