La puja entre los puesteros del Mercado del Norte y la Intendencia terminó en la judicialización.
Los abogados Raúl Ernesto Moreno y Oscar López se presentaron en el fuero administrativo del Poder Judicial donde interpusieron una docena de acciones de amparo para evitar el desalojo de sus clientes por parte de los funcionarios municipales. Adujeron la falta de cumplimiento de ordenanzas municipales y sendos contratos que avalan la tenencia de los puesteros de los espacios del centro comercial. Moreno, además, denunció que el municipio no está atendiendo un problema social que involucra los derechos de unas seis mil personas que viven en forma directa e indirecta de la actividad del tradicional mercado de compras. 
"La Intendencia incumplió el contrato, alegó falsas cuestiones para justificar el desalojo, viola el derecho de trabajo y comercio de estas familias, como así también vulnera su derecho de defensa. Hay gente con 50 años de trabajo en el mercado y se los quiere desconocer, demostrando una absoluta insensibilidad social. Por eso esta situación se está transformando en un grave conflicto social que afecta a 1.500 familias que viven con este pequeño espacio en forma indirecta y unas seis mil en total si tenemos en cuenta a los proveedores", sentenció Moreno.
Los letrados presentaron ayer 12 acciones de amparo individuales y no colectivas como se suponía en algún momento por cuanto cada uno de los 140 puesteros presenta condiciones que tienen sus particularidades administrativas. Estas acciones continuarán a lo largo de la semana, mientras la Intendencia aguarda una autorización judicial para concretar el procedimiento de desalojo que no pudo terminar el lunes pasado en contra de diez puesteros. "Esta situación ya está en manos de la Justicia. Esta gente está literalmente como usurpadora en el Mercado porque no dispone de ninguna documentación que avale la tenencia de los locales", sentenció Carlos Gómez, director de la Dirección de Producción y Saneamiento Ambiental del Municipio (DIPSA).
Dijo que hasta fin de mes se conocerá si la situación de otra veintena de locales es irregular o no, dado que en la actualidad se encuentra en un proceso de análisis de la documentación pertinente.
Moreno desmintió esta situación, al señalar que disponen de un contrato que avala su tenencia además de los comprobantes correspondientes de pago en concepto de canon.
"Acá hay una acción desmedida de la Intendencia con el único objetivo de privilegiar un negocio inmobiliario y crear un traje a medida para las cadenas internacionales", denunció uno de los abogados patrocinadores de los locatarios.
"Los abogados a veces crean una expectativa falsa en sus clientes y los pone en contra del municipio que sólo busca regularizar una situación anómala desde hace mucho tiempo", contestó el titular de la DIPSA por su lado.